La sucesión presidencial del partido en el poder no comenzó el domingo, sino en las semanas previas a las críticas elecciones en el estado de México. Fue a finales de abril, cuando el PRI anunció que la XXII Asamblea Nacional se adelantaba de noviembre, al 12 de agosto. A dos personas responsabilizó el presidente Enrique Peña Nieto para armarla y preparar los consensos: la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, y el exmiembro del gabinete, Jesús Murillo Karam, quien fue el responsable de redactar la convocatoria. El documento, con una estructura burocrática, no abría muchos márgenes para que se escucharan las voces disidentes, pero Ruiz Massieu comenzó a hablar con diferentes figuras dentro del PRI que habían presentado objeciones a la forma vertical como querían desarrollar la asamblea y, como consecuencia, controlar la sucesión presidencial.

La preocupación del presidente, expresada por varios líderes del PRI, es la existencia de candados para la nominación del candidato a sucederlo, donde se mantiene la obligación a todos quienes aspiren la candidatura, a tener un mínimo de 10 años de militancia probada en el partido, que es un requisito que se arrastra desde la XVIII Asamblea Nacional desde noviembre de 2001. A este control contra neopriístas, se le ha añadido una presión de varios grupos internos del partido, encabezados por Democracia Interna, que quieren que los delegados aprueben el requerimiento de que quien aspire necesita haber ganado un cargo de elección popular –de mayoría-, con lo cual los únicos miembros del primer equipo de Peña Nieto que podrían aspirar son los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y Agricultura, José Calzada, o el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila.

Las negociaciones de Ruiz Massieu tienden a evitar que los delegados a la Asamblea pudieran añadir candados, así como eliminar el requerimiento de los 10 años de militancia probada. Lo que varios dirigentes del PRI han contra propuesto, es que Peña Nieto  abra el proceso de selección de candidato, que es un punto donde hasta ahora, públicamente, el presidente no ha mostrado indicios de moverse. De mantenerse rígida la posición de Peña Nieto, y si actúa como lo ha hecho durante todos los procesos electorales bajo su mandato, el candidato sería Osorio Chong. La explicación es que si el presidente es consistente con su forma práctica de decidir candidaturas, optaría por quien aparece mejor colocado en las encuestas, donde el secretario de Gobernación ha figurado de manera sistemática, salvo en algunas mediciones ocasionales donde el gobernador Ávila lo supera, como el priista mejor ubicado en la tabla de presidenciables.

Lo cerrado del proceso electoral en el estado de México no ha alterado el proceso de sucesión presidencial, de acuerdo a lo que se están manejando en el círculo interno de Peña Nieto. Antes incluso de la elección, el gobernador Ávila estaba prácticamente descartado de la sucesión, por una pérdida de confianza en Los Pinos, ante la sospecha de no haber trabajado a toda su capacidad a favor de la campaña del candidato Alfredo del Mazo, donde uno de los argumentos que se esgrimen es que en toda la contienda, ni la candidata de Morena, Delfina Gómez, su mentor, Higinio Martínez, el jefe del partido en el estado y viejo amigo del gobernador, o el líder morenista, Andrés Manuel López Obrador, lo criticaron o lo metieron en la fórmula de la mafia del poder.

El otro elemento a discusión en los pasillos palaciegos, es una fórmula similar a la que utilizó el presidente Miguel de la Madrid durante la sucesión presidencial en 1988, donde pese a tener en la mente dos candidatos posibles, los secretarios de Gobernación, Manuel Bartlett, y de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas, organizó una pasarela con seis aspirantes ante el Consejo Político en 1987, para que expusieran su visión de país y programa de gobierno. Una pasarela de cuatro aspirantes es lo que se viene planteando como una posibilidad, donde figurarían  los secretarios Osorio Chong; de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; de Salud, José Narro; y de Turismo, Enrique de la Madrid.

La idea que se está proponiendo, y que no ha sido mal vista por el presidente, es que la pasarela no se haría ante el Consejo Político, sino en el país, para lo cual tendrían que renunciar a sus cargos. La lista no incluiría al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que está siendo promovido para la presidencia del Banco de México en otoño, cuando concrete su renuncia Agustín Carstens, ni al secretario de Educación, Aurelio Nuño, que podría ir a Gobernación si, como se menciona en los primeros niveles del gobierno, el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, es sustituido por Osorio Chong.

Uno de los objetivos por los cuales se analiza abrir el proceso, es oxigenar al partido y recuperar el consenso interno. Los dos líderes del PRI que más éxitos electorales tuvieron durante su presidencia, Beatriz Paredes y Roberto Madrazo, fueron resultado de procesos internos que permitieron su legitimación. El candidato de Peña Nieto tendrá que legitimarse y evitar una fractura dentro del partido, como sucedió con Roberto Madrazo en 2006, que tiró la votación del PRI para ese cargo a un histórico 22 por ciento. Según ha trascendido, no hay una decisión tomada. Tampoco si el presidente modificará la forma como manejará el proceso interno después de lo que sucedió en el estado de México. Pero no falta mucho para ver las señales. Un ajuste en el gabinete, podría ser el principio de todo.

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