Alarma a SIP crímenes de 13 periodistas

CIUDAD DE MÉXICO.- Para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lo más alarmante en la región son los asesinatos de periodistas, "que continúan semestre tras semestre sin disminuir".

Como parte de sus conclusiones de su Reunión de Medio Año en Antigua, Guatemala, la SIP señaló que esta vez, 13 periodistas perdieron la vida desde la reunión en México, sólo por dedicarse a informar a sus comunidades: 5 murieron en México; 3 cayeron en Perú; 2 en Guatemala; 2 en República Dominicana y 1 en Honduras. 

"Tan grave como ello es que casi la totalidad de los casos, los autores de los crímenes gozan de total impunidad y con el paso del tiempo, el delito prescribe. En este período, cuatro asesinatos ocurridos en Colombia entre 1996 y 1997 han prescrito después de 20 años en medio de la indiferencia e inacción de las autoridades. 76 casos han prescritos en los últimos años", indicó la SIP en boletín.

La SIP ubicó un "patrón de conducta, que comienza con el hostigamiento a la prensa y culmina con el asesinato de periodistas, queda al descubierto al analizar los informes sobre la libertad de expresión en los distintos países de América que se han presentado en esta reunión de medio año. Los enemigos de la prensa libre comienzan a hostilizar a los periodistas y a los dueños de medios, luego la creciente hostilidad se transforma en intimidaciones y amenazas, para más adelante culminar en ataques violentos, hackeos y prohibiciones para desarrollar sus actividades y así mantener informados a los ciudadanos".

Pese a la brutalidad de los crímenes, no es esta la única forma de silenciar a la prensa, indican las conclusiones de la SIP. En algunos países como Cuba, Ecuador y Venezuela se ha logrado amordazar a los medios informativos y mantener desinformados a los ciudadanos sin que se hayan registrado asesinatos de periodistas en estos meses. No obstante, se ha conseguido suspender la publicación de diferentes medios a través de la asfixia económica o las dificultades impuestas para que puedan obtener los insumos necesarios.

Según la SIP, el hostigamiento a la prensa sigue creciendo y en los más diversos países, como Estados Unidos y Cuba, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Venezuela, los gobernantes despliegan furiosos ataques contra la prensa y los periodistas. 

En algunos casos se les acusa de "conspiración política", en otros se habla de una "exagerada libertad de expresión" y en otros tantos se les responsabiliza de crear "noticias falsas".

En este clima, pronto aparecen las intimidaciones, las amenazas y su inevitable efecto, la autocensura. En Venezuela se han registrado 123 hechos de intimidación contra periodistas. En Colombia hay 147 periodistas con protección debido a las amenazas y en otros países, como Guatemala, aún se espera la puesta en marcha de un programa de protección pendiente durante años. En México la autocensura y los frentes noticiosos abandonados, pese a su evidente interés público, ya parecen haber sido aceptados como inevitables por el público y por los medios.

No sólo las autoridades, locales y nacionales, son las que intentan intervenir los contenidos editoriales de los diarios y medios, sino también los narcotraficantes. En Costa Rica y Guatemala han sido los avisadores quienes han buscado premiar o castigar a los medios según sus coberturas y puntos de vista. Pero el interés por intervenir en los contenidos editoriales también se manifiesta en Ecuador y en Panamá.

"Especial preocupación causa la hostilidad que ha manifestado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la prensa de su país. Resulta inquietante observar como en ese país, en la cuna del periodismo libre, comienza a aparecer el hostigamiento, que suele ser la antesala de las amenazas y la violencia", destacó la SIP como parte de sus conclusiones de la más reciente reunión.

En muchos países las amenazas llegan a traducirse en violencia contra los medios y los periodistas. Se han registrado agresiones en Bolivia, Brasil, Cuba, México y Venezuela. En este último país, las agresiones han adquirido la forma de hackeos, mediante hackers contratados por el gobierno para interferir los contenidos editoriales de los sitios de los diarios y medios digitales y hasta se ha llegado a negar las visas de los corresponsales internacionales, se ha cerrado a CNN en Español y nueve diarios han dejado de publicarse ante la falta de papel que controla la empresa estatal que monopoliza su venta. Aún se mantiene en la cárcel a Braulio Jattar por el sólo hecho de haber difundido un video de una protesta contra el presidente Maduro.

En Cuba, a las restricciones de siempre, se ha añadido el control del internet y las intimidaciones a los familiares de quienes trabajan en tareas informativas. A estos los han sometido a períodos de encarcelamientos prolongados recurriendo a toda suerte de subterfugios, como la supuesta venta de comestibles por cuenta propia o la evasión fiscal, con amenazas de juicios y cárcel. El vicepresidente regional de nuestra Comisión de Libertad de Prensa e Información para Cuba, Henry Constantin, fue detenido en Camagüey por intentar viajar a cubrir una premiación del secretario general de la OEA, siendo acusado primero de "propaganda enemiga" y luego de ejercer el periodismo sin estar autorizado, lo que le impidió estar en esta reunión.

Las tendencias digitales revelan cierto grado de retroceso, puesto que además de ciberataques y hackeos como en Argentina, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras y Venezuela, el pretendido derecho al olvido busca establecerse en países como Chile, Colombia y Puerto Rico, lo que afectaría seriamente la actividad periodística.

En cuanto al acceso a la información pública se han registrado retrocesos en Canadá, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela. El progreso en las leyes de transparencia, que aseguraba el acceso de la prensa para mantener informado al público, parece estar detenido, lo cual puede afectar la información que reciben los ciudadanos.

Junto a estas regresiones, se han distinguido algunos hechos positivos, como la condena por parte de la Sala Constitucional de Costa Rica del uso de la publicidad oficial para premiar y castigar las líneas editoriales de los medios de comunicación. Dicha práctica fue calificada de "perversa censura" y "una forma de acoso ilegítimo".