Se ha dicho en repetidas ocasiones pero habrá que repetirlo de forma insistente hasta que la realidad se modifique: los integrantes de nuestra clase política –o al menos una porción mayoritaria de ésta– no tienen vocación real por la transparencia, sino más bien al contrario.

No se requiere argumentar demasiado para probar lo anterior: las muestras de resistencia a la transparencia se encuentran a la vista de todos y los ciudadanos podemos atestiguarlas cotidianamente. 

Un botón de muestra –un gran botón, cabe agregar– es el que nos proporciona el proceso electoral actualmente en marcha, durante el cual se ha “estrenado” un requisito para adquirir el estatus de candidato: la presentación de las declaraciones personales de situación patrimonial, de intereses y fiscal.

Todas y cada una de las personas que aspiran a un cargo de elección popular en los ayuntamientos, así como en los poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad, debieron presentar, como parte de la documentación necesaria para obtener su registro como tales, las declaraciones antes mencionadas.

La existencia de tal obligación, vale la pena recordar aquí, nació de una iniciativa ciudadana que debió recorrer un tortuoso camino antes de convertirse en norma jurídica e incluso debió sortear los intentos de nuestros “representantes” de sabotearla.

Instaurada como regla, los candidatos a un cargo de elección popular están obligados a cumplirla y, sin duda alguna la cumplieron, pero se quedaron sólo en el eso: en el formalismo de entregar sus documentos a la autoridad.

Porque al momento de verse “invitados” a mostrarse como individuos partidarios de la transparencia han reprobado vergonzantemente el examen, pues se han rehusado a publicar, en la plataforma “Candidato Transparente” –que la autoridad electoral habilitó para tal propósito– los documentos que integran la denominada declaración “3 de 3”.

Hasta el momento de cerrar esta edición eran mayoría los candidatos que habían preferido mantenerse en la opacidad dejando claro de paso cuál es su verdadera vocación y evidenciando lo que podemos esperar de ellos si llegan con nuestro voto al poder.

Pero no solamente la mayoría de quienes han venido haciendo campaña por casi dos meses se encuentran en esta situación, sino también los “prominentes” individuos que integran la lista de aspirantes a una diputación por la vía de la representación proporcional, popularmente
conocidos como “candidatos plurinominales”.

En el caso de los “pluris” la situación es incluso peor, pues ni uno sólo de ellos ha hecho públicas sus declaraciones, pese a que, de la misma forma que los candidatos uninominales, tienen la obligación de presentarlas.

Poco entusiasmo puede despertar en una sociedad hastiada de la corrupción, una clase política incapaz de reaccionar frente a uno de los reclamos más sentidos de la sociedad: que la transparencia sirva para traerle a la actividad pública un mínimo de decencia.