Chocan gobernadores y jueces por el nuevo sistema penal

MEXICO.- “Prepárense porque miles de presos estarán de vuelta a las calles en los próximos días”, dijo recientemente  el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. En una ciudad con graves problemas de seguridad, la advertencia sonó como una amenaza y la llegada del Armagedón delincuencial a la capital.

El político de izquierda no solo hablaba como ejecutivo de una de las ciudades más inseguras del país, sino en nombre de los gobernadores, convertidos en la punta de lanza contra el nuevo sistema penal.

Un año después de la entrada en vigor del nuevo código, el enfrentamiento entre la justicia y el Ejecutivo ha marcado su polémica implantación. El tema de la delincuencia en un país con un grave problema de violencia ha convocado un debate nacional.

En el fondo del asunto está el aumento, mes a mes, de las cifras de delitos. Según los 32 gobernadores, el nuevo Código Penal ha abierto las puertas de las cárceles a los detenidos gracias a un modelo que califican de “híper garantista”, que no contempla la prisión preventiva y que permite a los delincuentes de bajo impacto seguir su proceso judicial en libertad pese a ser detenidos in fraganti. “Mientras las cárceles se vacían, las calles se llenan de delincuentes”, resumen en voz baja.

La justicia reprocha a los gobernadores haber malversado durante años los millonarios fondos destinados para prepararse. Desde que en 2008, se aprobó su puesta en marcha progresiva en todo el territorio, que concluyó el año pasado, el Estado destinó casi 15.000 millones de pesos (827 millones de dólares) para construir salas orales y capacitar a la policía y al Ministerio Público en su trabajo pericial. Pero, pese a los altos recursos recibidos y los ocho años que tuvieron para hacerlo, nada de esto ha ocurrido.

“POLICIA DE CUARTA”
Según explica a EL PAÍS uno de los redactores del texto, “al juez le llegan continuamente casos con defectos en el peritaje, en la cadena de custodia o sin investigación ni trabajo de laboratorio. Ahora hay que demostrar que alguien es culpable y, no como en el sistema anterior, demostrar su inocencia”. Entre otros retos, ejemplifica este magistrado, “hay que convencer a un policía de que una confesión obtenida ante él —en consecuencia, sin abogado y que podría ser obtenida bajo tortura— ya no sirve”.

Según el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) un 25% de los policías no sabe llenar un informe policial y el 75% de los ministerios públicos falla gravemente en la recolección de evidencias.” 

Tenemos un sistema judicial de primer mundo que se apoya en una policía de cuarta”, resume el magistrado.

Según José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia,“(los gobernadores) no están haciendo autocrítica y echan la culpa a otros. Los jueces somos el último eslabón de la cadena judicial y parece que lo resuelto por el juez es lo único que está mal y que todo lo anterior está bien y eso es injusto e irresponsable”, explica.

De reforma histórica a cambio cuestionado 
Según el ministro, “mucha gente dijo que como era una reforma judicial se trataba de un asunto exclusivamente de los jueces, pero la reforma implica a muchos actores que debían aprender cosas nuevas y nadie pensó en eso. Se creyó que el sistema penal era cambiar a unos jueces, ponerles unas togas, darles salas de audiencia y que todo lo demás, por una extraña razón, se iría ajustando solo. Cosa que no ha sucedido”, lamenta Cossío en su despacho de la Corte.

La última decisión que ha agitado a los gobernadores tienen que ver con la portación de armas, uno de los delitos que abarrotan las prisiones, considerado “no grave” en el Código Penal —lo que permite al detenido seguir su proceso en libertad— y la reciente decisión de la Suprema Corte de permitir a los presos condenados revisar su caso de acuerdo con el nuevo código, lo que les abriría la puerta de la calle.

“La delincuencia se está aprovechando de un sistema híper garantista y lo que queremos es un equilibrio entre los derechos de los imputados y los derechos de las víctimas”, se quejó recientemente el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad (PRI). Los jueces responden que el nuevo modelo reemplaza la prisión preventiva para delitos “no graves” con métodos como el brazalete electrónico o el embargo de cuentas (sobre todo para delitos fiscales) o la prohibición de salir de una zona determinada, pero que poco de esto se ha contemplado.

Para Horacio Vite, secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte, el actual modelo tardará más de 15 años en funcionar plenamente, pero amoldar el Código Penal a los vaivenes políticos sólo conseguirá desvirtuarlo sin atajar los problemas de fondo. “Si empezamos a meter más y más delitos graves a ese catálogo de prisión preventiva volveríamos al modelo anterior. Ahora es la posesión de armas, pero la próxima vez querrán introducir otros nuevos de alto impacto. El problema no está ahí sino en combatir a ese delito”, resume.

Desde el punto de vista de los Derechos Humanos, el abogado Juan Carlos Gutiérrez opina que Mancera está haciendo “populismo punitivo” pidiendo más penas que satisfagan las demandas de una sociedad que entra en un contexto electoral. “Las cárceles están llenas de gente inocente o condenada por delitos menores que sólo se perfeccionan dentro como delincuentes. Si continúa el anterior sistema volverán a repetirse sucesos como el de la cárcel de Acapulco (el seis de julio pasado)” , dice el abogado, en referencia al motín que dejó 29 muertos entre acusaciones de sobrepoblación y condiciones infrahumanas en su interior.

Proponen hasta contrarreforma
Ha pasado un año desde que se finalizó el proceso para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) y en distintas esferas del gobierno y de la sociedad, voces a favor y en contra de la operación de la nueva impartición de justicia en México se han manifestado para exigir cambios e, incluso, una contrarreforma. A pesar de ello hay quienes advierten que, entre otros, la posible liberación masiva de presos, no es atribuible al sistema sino a que sigue permeando la corrupción en ese ámbito.

A partir de que comenzaron las evaluaciones a los resultados de la operación del SJPA, funcionarios del gobierno federal, de las instancias de justicia de la Ciudad de México y organizaciones civiles y no gubernamentales se han pronunciado por cambios que garanticen el acceso a la justicia.

Bertha Alcalde, de la organización Borde Jurídico, afirmó a EL UNIVERSAL que los errores se pueden ir corrigiendo sobre el avance y defendió los beneficios del sistema.

“Un año no es suficiente para evaluar si el sistema funciona o no, se necesita más tiempo, pero sí se puede ir corrigiendo sobre la marcha. Hay que darnos cuenta de que las debilidades no están en las normas, no están en el sistema acusatorio, sino en la falta de capacitación de los operadores y fallas que existían en el sistema anterior. Rodolfo Félix Cárdenas, abogado especializado en sistema penal acusatorio y ex procurador general de justicia de la Ciudad de México, aseguró que en otros países latinoamericanos se realizaron diagnósticos hasta cinco años después de la implementación y que por ello en México aún no se debería emitir una evaluación.

Martín Carlos Sánchez, director de fundación Renace, opinó que es pronto para pedir reformas o correcciones, y lo que se debe de hacer es corregir errores de la operación.

“No debemos de hablar de reformas sino de corrección de errores y de mejora en la capacitación de todos los que están operando. Yo considero que la verdadera evaluación debe ocurrir en, al menos, cinco años, cuando el sistema se estabilice y se hayan reparado las fallas”, dijo.

Uno de los principales argumentos en contra del Sistema de Justicia Penal Acusatorio ha sido que la portación de armas de fuego no está considerada en el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa, cuestión que, de aprobarse, podría promover la “siembra” de armas en los imputados, señalan especialistas.

La experta Alcalde alerta sobre la falta de capacitación en los policías, misma que contribuiría a que tomen la decisión de colocar armas en los informes de los detenidos para asegurar su permanencia en prisión si el delito de portación de arma de fuego asegura prisión preventiva.

“Si nosotros ponemos en el catálogo el delito de posesión de armas, vamos a generar que el policía, que la mayoría de las veces no está capacitado para hacer labores de investigación, va a detener a alguien y, como sabe que por ciertos delitos no opera la prisión preventiva, va a sembrar un arma”, advirtió la especialista.

Al respecto, Martín Carlos Sánchez señaló que la mayoría de las veces la libertad de los imputados depende de la falta de capacitación de los operadores del SJPA y el manejo de información y las unidades de seguimiento.

“Si estas personas vuelven a delinquir, el juez tendría que aplicar una prisión automática por haber fallado en esta libertad que le dieron a la persona. Si el (agente del) Ministerio Público no lleva la información al juez, éste no podrá tomar una decisión por reincidencia y se le dará trato como si fuera una persona nueva, que no tiene antecedentes”, señaló.

Félix Cárdenas señaló que es necesario un cambio en la sociedad para entender y aceptar el SJPA.

“La sociedad quiere siempre esa pena mayor, porque estamos educados a (pedir) más cárcel a todo; la sociedad no ha sido informada del sistema, la cultura que nosotros tenemos es mordernos unos a nosotros”, lamentó.

María Novoa, directora del área de justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), señaló: “El sistema no es el problema. Hay un problema con las capacidades del policía como primer respondiente y de cómo le pasa la estafeta al Ministerio Público, quien no ha logrado establecer argumentos sólidos para que el juez tome decisiones”.

Mario Uribe Olvera, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, detalló que la etapa de consolidación del sistema apenas comenzó al finalizar la implementación y sí es necesario realizar ajustes, pero no se puede pensar en modificar el sistema.

“El sistema está funcionando y va bien, lo que no está funcionando es el trabajo de los Ministerios Públicos y de la policía”, consideró Uribe Olvera.

Acerca de los comentarios que han señalado que el SJPA ha permitido la salida rápida de los delincuentes y que se prevén otras cuatro mil liberaciones, dijo que “las voces que dicen que el sistema ha fomentado una especie de puerta giratoria, porque las personas detenidas son liberadas, estas voces obedecen a intereses que no son ni la seguridad pública, ni la justicia.

“Si se da el caso de la puerta giratoria es porque los agentes del MP y los policías no están haciendo bien su trabajo”, comentó.

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, expuso que la postura de la organización que encabeza no está enfocada a una contrarreforma, pero sí a la corrección de errores que han causado que el sistema afecte las cifras de incidencia delictiva a nivel nacional: “Si un sistema funciona es porque alguien comete un delito, recibe una consecuencia, se protege al inocente y se da la no repetición, y lo que estamos viendo son grandes fallas.

“No queremos una contrarreforma, Alto al Secuestro aprueba la reforma, pero no aprobamos las condiciones en las que está. Lo que se debe hacer es tener una equidad entre las víctimas y el procesado”.

Números
15 mil millones de pesos destinó el Estado para construir salas orales y capacitar a la policía y al Ministerio Público en su trabajo pericial.
25% de los policías no sabe llenar un informe policial
75% de los ministerios públicos falla gravemente en la recolección de evidencias.
15  años tardará el nuevo sistema en funcionar plenamente
1 año tiene operando el nuevo sistema penal.

Con información de El País y El Universal