El autodenominado “Frente por un Coahuila Digno”, integrado por los excandidatos a gobernador, Guillermo Anaya, Javier Guerrero, Armando Guadiana y Lucho Salinas, acudió ayer a las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila para entregar al menos dos recursos mediante los cuales se estaría solicitando la anulación de los comicios del 4 de junio pasado.

Acompañados por el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, así como de un contingente de simpatizantes, Guillermo Anaya y Javier Guerrero hicieron entrega al árbitro electoral de la que, aseguraron, es la impugnación electoral “más documentada” de la historia coahuilense.

En el caso del recurso presentado por Acción Nacional, se informó que el documento consta de más de un millar de páginas y que se entregó acompañado de unas 200 pruebas con las cuales se demostraría la existencia de causales suficientes para la nulidad. Javier Guerrero, por su parte, habría entregado un documento de 400 hojas que documentaría unas 300 violaciones a la normatividad electoral.

Como lo han señalado prácticamente desde la noche misma de la elección, el bloque opositor insistió en tener la razón y no dudar que, en última instancia de ser necesario, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fallará a su favor.

¿Se ha documentado efectivamente la existencia de causales suficientes para que el ejercicio comicial del pasado 4 de junio deba repetirse? Solamente la lectura detenida del expediente entregado ayer, así como el análisis de las pruebas aportadas, podría permitir a cualquier persona pronunciarse en un sentido o en otro.

Eso es justamente lo que, primero el Tribunal Electoral de Coahuila, y luego el TEPJF, deberán hacer: estudiar de forma acuciosa el recurso que se les ha hecho llegar, así como los documentos complementarios del expediente, a saber, el informe que debe rendir el IEC y los escritos de tercero interesado que pueden presentar todos los partidos políticos y candidatos independientes que tomaron parte en la contienda.

Lo que parece bastante claro desde ahora, es que dicho análisis será un trabajo titánico y complejo, pues al final seguramente se acumularán varios miles de hojas a un expediente ya de por sí voluminoso, contando solamente los dos recursos presentado ayer.

Por ello justamente, se antoja necesario desde ahora que las autoridades jurisdiccionales, además de cumplir con su tarea de manera profesional y ajustados a la máxima de imparcialidad que debe presidir el trabajo de los jueces, consideren la necesidad de que este litigio se caracterice por la transparencia.

A todos nos convendrá que los documentos del expediente puedan ser consultados por los ciudadanos y que la resolución pueda ser leída y comprendida por cualquier persona. En este sentido, algo que los tribunales deberán evitar, al dictar sentencia, es replicar la conducta de los demandantes.

En otras palabras, lo deseable es que frente a un recurso de miles de hojas, los tribunales no terminen recetándonos una sentencia que resulte imposible de leer.