El proceso electoral en Coahuila no ha terminado. La jornada electoral fue una fase más, pero falta la etapa más importante: la declaración de validez.

En este momento, la voluntad de un millón 264 mil 555 ciudadanos que votamos el 4 de junio está en manos de tres personas: Valeriano Valdés, Elena Treviño y Ramón Guridi, magistrados del Tribunal Electoral de Coahuila. Sin embargo, pase lo que pase con ellos, es predecible que la calificación de la elección para Gobernador del Estado terminará en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, previa escala en la Sala Regional de Monterrey.

¿Se puede anular? 
Por supuesto que se puede. Existe un antecedente que traza la ruta y data de octubre 2015, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó reponer las elecciones para Gobernador de Colima, al comprobarse la injerencia del Ejecutivo en las campañas para favorecer al entonces candidato del PRI, Ignacio Peralta. A este último, como consecuencia, le retiró la constancia de mayoría que había recibido el árbitro electoral (la diferencia fue de 503 votos a su favor entre una votación total de 299 mil 926 sufragios).

Allá un audio demostró la indebida e ilegal intervención de Rigoberto Salazar, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Colima, en dichos comicios. Acá, en Coahuila, el escenario es el mismo: Rodrigo Fuentes, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, fue sorprendido en un audio difundido el 23 de diciembre de 2016 por el periódico El Norte pidiendo a sus subordinados lealtad al gobernador Rubén Moreira y apoyo hacia Miguel Riquelme. Ello bastaría para anular la elección.

Es verdad, ya no juzgarán los mismos magistrados, pues en 2016 terminaron su periodo y el Senado renovó a la Sala Superior. Pero existe un precedente, independientemente de los funcionarios: el 7 de agosto de 2015 el Tribunal Electoral de Colima declaró “improcedente” la pretensión de anular la elección, hecha por el PAN. El 11 de agosto éste impugnó la sentencia, y recurrió al Tribunal Federal. 

El 22 de octubre este último declaró la nulidad, e instruyó al INE a organizar la elección extraordinaria y a solicitar recursos financieros a las autoridades estatales para tal propósito. El 30 de octubre el INE asumió la responsabilidad, y el Congreso de Colima el 4 de noviembre emitió la convocatoria para la elección extraordinaria. El proceso inició el 11 de noviembre, y se votó el 17 de enero.

Pero no se agobie. A usted sólo le tocaría votar. Tentativamente a mediados de enero tomando en cuenta que, en Colima, hubo elecciones ordinarias el 7 de junio de 2015 y el 17 de enero de 2016 las extraordinarias. Siete meses después.

Y aquí viene lo interesante: en Colima también eligieron ayuntamientos y diputados locales en la misma jornada electoral. Y allá, como en Coahuila, sólo se impugnó la elección de Gobernador. Y se anuló. Y se repitió.

Como ya lo ha sentenciado el Tribunal Electoral en los juicios SUP-JRC-678/2015 y SUP-JDC-1272-2015, es completamente legal anular la elección de Gobernador sin afectar a las otras dos urnas, de ayuntamientos y diputados locales.

La resolución del Tribunal, por si fuera poco, refuta a los priístas y a los consejeros electorales que buscan reducir la elección a unas actas, como si ahí se resumiera el proceso electoral de ocho meses. Nada más alejado de la realidad. La interpretación es muy clara: las irregularidades pueden haber ocurrido sólo en una de tres elecciones. Ello desmiente a Miguel Riquelme y a quienes, como él, propagan el discurso de que no pudo existir fraude sólo en una, ya que los mismos funcionarios de casilla y representantes organizaron tres diferentes al mismo tiempo.

Cortita y al pie
Y qué cree, la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, fue removida por el Tribunal Electoral, al considerar que puso en riesgo el principio de certeza en la elección de Gobernador. El INE, originalmente, pretendía suspenderla sólo 30 días sin goce de sueldo. 

Para quien piense no habrá consecuencias para el árbitro en Coahuila.

La última y nos vamos
Ahora bien, ¿cambia la percepción del juzgador si la llama de la indignación se apaga, por un lado, y por el otro Riquelme se intenta legitimar a golpe de talonario? No en teoría. Pero en la práctica le recomiendo no desentenderse del asunto, ni caer en el cansancio natural que produce la incertidumbre.

Coahuila no es Colima, es mucho peor. Allá no hubo robo de urnas, ni falló el Prep, ni erró el Conteo Rápido, ni los consejeros electorales fueron acusados de parcialidad, ni agentes externos boicotearon centros de votación, ni abrieron dos horas tarde las casillas. Inconvenientes que, en Coahuila, o inhibieron la votación o afectaron la neutralidad.

El proceso no termina en la jornada electoral. Más bien, apenas empieza. Por decirlo en argot beisbolero: aún quedan varios extra innings por delante, y el último out no se ha cantado todavía.

@luiscarlosplata