Coahuila: ¿tendremos candidatos transparentes?

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló ayer la obligación, de quienes aspiren a un cargo público de elección popular en Coahuila, de presentar, al momento de registrarse ante la autoridad electoral, sus declaraciones patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses; es decir, el paquete mejor conocido como 3de3.

Por votación dividida, los integrantes del máximo tribunal del País negaron la pretensión de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática,  Morena y Joven de echar abajo la norma recientemente aprobada por el Congreso del Estado al promulgarse el Código Electoral que contiene las reglas para los comicios que darán inicio en unos días.

Por el contrario, los integrantes de la Corte encontraron inconstitucional la regla que también obligaba a los candidatos a presentar un certificado de no antecedentes penales y prueba de un examen antidoping.

Con el fallo de ayer, han quedado listas las reglas con las cuales competirán quienes aspiran a gobernar el Estado, integrar los 38 ayuntamientos de la entidad y conformar el Poder Legislativo.

Ha quedado claro también con ello que Coahuila será la primera entidad del País en la cual los candidatos sean obligados a declarar sus bienes, informar sobre sus ingresos y revelar los posibles conflictos de interés que puedan tener merced a los parentescos y participación en negocios que tengan.

Pero siendo esto un elemento novedoso de la contienda, no está completamente claro si estamos ante un hecho que debe considerarse como un avance en materia de transparencia electoral, pues aún es necesario saber los plazos y los mecanismos mediante los cuales dichas declaraciones estarán a disposición del público, además de que la autoridad electoral debe decirnos qué reglas operarán en el caso de las candidaturas independientes.

Esto es así porque, por un lado, la norma electoral obliga a los candidatos a entregar a la autoridad electoral las referidas declaraciones, pero la legislación de acceso a la información impone la obligación de hacerlas públicas a los partidos políticos, sin que quede claro cuál es la regla que aplicará a los candidatos independientes.

En este sentido, será útil que el Instituto Electoral de Coahuila nos informe qué hará para garantizar que efectivamente los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho a conocer la información relativa al patrimonio y los intereses de quienes aspiran a gobernarnos, pues la regla sólo será realmente útil para el fortalecimiento democrático en la medida en que el contenido de las declaraciones señaladas se encuentre a disposición del público.

En este sentido, también el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información podría –y tal vez debería– fijar las reglas para que el contenido de las declaraciones se encuentre a disposición del público de forma inmediata y que dicha información no se pierda en el laberinto de la burocracia partidista o en cualquier subterfugio legal.