Democracia representativa de veras

Se ha instalado en el humor crítico la idea de que la democracia representativa ha llegado a límites en los que ya no puede reinventarse para canalizar genuinamente la acción colectiva a través de sus instituciones. Y se mira hacia otros lados buscando alternativas. Sin duda esta búsqueda es meritoria, pero algunos de sus intérpretes hace tabla rasa del mensaje de fondo que la experiencia de la democracia representativa, de estirpe liberal, nos ha heredado.

No defiendo las instituciones representativas vetustas, su anacronismo es patente; son insuficientes para honrar esa herencia. Por el contrario, hay que aceptar que no cumplen con la misión que les fue encomendada por sus fundadores, y evidenciar el déficit que acumulan y la deuda que tienen pendiente. Porque hay un traslape entre esta deuda y lo que se busca al sustituirla.

El alejamiento de la democracia representativa de los intereses de los ciudadanos no es una función de su concepto ni de sus posibilidades, sino del funcionamiento de las instituciones que la concretan en cada Estado. Y las razones por las que no evolucionan ni se adaptan al ritmo necesario tampoco derivan de su idea, sino de comportamientos efectivos que no fueron previstos en su concepción. Su avance hacia estadios nuevos que puede alcanzar depende de la remoción de esos obstáculos, que le son ajenos. No se puede reclamar que haya que tirar por la borda al Poder Legislativo porque los “poderes fácticos” lo ahoguen. No es necesario suprimir el Poder Judicial porque lo carcoma la corrupción. Y así, sucesivamente.

Desde el modo de ser de la sociedad, con sus culturas, tradiciones, intereses y valores se edifica el Estado en el que aquella se representa. Desde luego, “hacer política” juega el papel fundamental para moderar, modular y dar forma a la ecuación. Esa es una buena razón para poner a juicio ese lado del binomio. Sin una sociedad participativa, no hay intervención en la agenda pública, no hay sustancia para que la representación sea genuina. Pongámoslo así: si la “opinión” no forja “voluntad” en el crisol de la política (Urbinati), por más abierto que sea el Estado es imposible que reconvierta sociedades cerradas en abiertas, recluidas en libres, ensimismadas y medrosas en propositivas y valientes. El poder espurio, extra legítimo constitucional y legalmente, no se puede neutralizar con “otro” tipo de democracia, sino con la representativa, la misma. El combate para que la opinión genuina y “general” defina la agenda y la decisión pública está en que aborde el barco de la representación. Desde los barrios hasta los parlamentos hay que sacudirse la modorra, misma que hemos visto imperar en los experimentos de democracia directa. Si ponemos a estos últimos a juicio los rendimientos son magros; han contribuido más a legitimar que a transformar las torpezas institucionales de la representación política.

El contrapunto entre los deseos y las aspiraciones de la gente y los grupos y las decisiones que se adoptan para normar la vida colectiva en el Estado admite muchas alternativas de inflexión, de contrapunto, de intercambio, de conflicto y de negociación para el consenso. El problema es qué instituciones lo hacen y cuáles son reacias o impermeables a permitirlo. Ahí está el blanco para el ataque. Desde luego, la creación de alternativas desde cualquier nivel de la estructura social es válida y enriquecedora, pero ninguna de ellas ofrece la prueba incontrovertible de que la relación entre preferencias y decisiones, opinión y voluntad sea reductible a la ilusión del ejercicio directo, pleno y continúo de una en la otra. Las instituciones dieciochescas y decimonónicas de la democracia apestan a viejo, por eso hay que transformarlas. Pero botarlas al cesto de basura es tan insensato como suicida.

Twitter: @pacovaldesu