El 'Ministerio Catalán de Asuntos Exteriores'; declarado inconstitucional
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El Tribunal Constitucional español prohibió este miércoles al Gobierno independentista catalán tener un departamento titulado de "Asuntos Exteriores" para promover su causa a nivel internacional, señalando que esta denominación está reservada a la diplomacia estatal
El alto tribunal declaró la "inconstitucionalidad y nulidad" de la denominación "Asuntos Exteriores" ya que "podría dar lugar a confusión e interferir en la política exterior española, que es competencia exclusiva del Estado", señaló en un comunicado.
Además, aunque permite la acción exterior del Gobierno regional, advierte que ésta no puede ir encaminada al establecimiento de "relaciones bilaterales" con otros países ni a la creación de una diplomacia pública catalana.
La creación de este departamento, dirigido por el exeurodiputado Raul Romeva, fue una de las primeras acciones del presidente regional, Carles Puigdemont, al ser escogido en enero de 2016 para promover su causa internacionalmente.
El Gobierno español, del conservador Mariano Rajoy, recurrió la medida al Tribunal Constitucional, que suspendió cautelarmente el nombre y parte de sus funciones a la espera de un pronunciamiento definitivo.
Los independentistas ya rebautizaron el departamento a "Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores", aunque en actos internacionales se sigue presentando como un "ministerio de Asuntos Exteriores" catalán.
"Es una cuestión nominal y no cambia nada respecto a lo que tenemos ahora", reaccionó Romeva en una radio catalana.
Bajo su mandato, esta región nororiental, que tenía oficinas diplomáticas en París, Londres, Nueva York, Bruselas y Alemania, abrió otras en Austria, Italia y Portugal, y anunció la próxima apertura de tres más en Polonia, Dinamarca y Croacia.
Hasta el momento, sin embargo, ningún otro país se ha mostrado cómplice con sus aspiraciones.
El presidente Puigdemont quiere organizar el 1 de octubre un referéndum sobre la independencia, rechazado por Madrid y prohibido por el Tribunal Constitucional, que desde 2014 anula todas las decisiones tomadas desde Barcelona para permitir su organización.
Algunos líderes independentistas, como el expresidente regional Artur Mas (2010-2016), fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por desobediencia al organizar en noviembre de 2014 un voto simbólico sobre la secesión.
Esta vez Puigdemont quiere darle carácter vinculante y si gana el "sí", cuenta con emprender la secesión de esta región de 7,5 millones de habitantes y con una quinta parte de la riqueza española.
Por su parte, Rajoy asegura repetidamente que esta votación no se producirá.
Con información de AFP
