El oficio de Tlatlaya
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El punto es que la PGR tiene que investigar un oficio tipo machote que existe en el expediente de la fiscalía, que hace referencia a una orden militar muy comprometedora
Cuando comenzaron a brotar las dudas sobre lo ocurrido en la comunidad San Pedro Limón municipio de Tlatlaya, Estado de México, la madrugada del 30 de junio de 2014, el clamor popular advertía que aquello estaba plagado de irregularidades y que la mayoría de las 22 personas muertas habían sido ejecutadas extrajudicialmente.
La prensa, acostumbrada a divulgar los boletines oficiales, en sus primeras noticias se limitó a consignar el boletín de la Secretaría de la Defensa Nacional, que, como de costumbre, apuntaba que elementos del Ejército Mexicano fueron agredidos por un grupo armado, y al defenderse de la agresión abatió a 22 personas.
Sin embargo, al pasar las horas, las agencias internacionales con presencia en México se interesaron en el tema y comenzaron a darle cobertura. De inmediato medios como la revista estadounidense Esquire y la agencia The Associated Press, divulgan versiones que dan un vuelco al caso.
La revista Esquire reveló por aquellos días, hace alrededor de tres años, la versión de una mujer testigo de la masacre, quien era la madre de una chica, menor de edad que se encontraba entre las 22 víctimas.
“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban.
“Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”, citó la publicación estadounidense en su edición de México.
The Associated Press también publicó algo similar, la versión de la testigo que involucra a militares de un fusilamiento extralegal. De acuerdo con la agencia, la testigo relató que vio cuando los militares dispararon y asesinaron a su hija Erika Gómez González, de 15 años.
La declaración de la mujer señalaba que en el caso de su hija se encontraba en el suelo con una herida en la rodilla. “Los soldados le dieron la vuelta al cuerpo aún con vida y le dispararon más de media docena de veces en el pecho”, describió la agencia de noticias estadounidense cuyo servicio se reproduce en cinco idiomas: inglés, alemán, neerlandés, francés y español, y es considerada también una de las de mayor alcance mundial.
En respuestas, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismos civiles también defensores de derechos humanos en México, pero sobre todo internacionales como Human Rights Watch, condenaron el hecho y pidieron a la Presidencia de la República del País investigar a fondo el caso y aplicar justicia.
Y cuando la prensa mexicana comenzó a retomar el tema, quedó en evidencia que la mayoría, sin no es que la totalidad de las 22 personas que estaban en una bodega en obra negra en aquella población, eran presuntos delincuentes.
La joven menor de edad, no se supo con claridad si estaba con el grupo por su voluntad, sí era partícipe o estaba allí coaccionada.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de la bodega en Tlatlaya el 30 de junio de 2014. Desde ese día, los gobiernos estatal y federal manejaron la versión de que los 22 “presuntos criminales” habían muerto durante un enfrentamiento con elementos del Ejército.
El organismo, que emitió recomendaciones para el Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Gobernador Eruviel Ávila, que desde un principio y siempre sostuvieron que la totalidad de las víctimas fallecieron en un fuego cruzado, presume que sólo siete civiles pudieron haber perecido en el enfrentamiento.
Sin embargo ahora, a poco más de tres años de los hechos, el exhorto de un juez a la fiscalía para que investigue investigue a fondo lo ocurrido, da otro vuelco en el caso para que se escudriñe la verdad de lo ocurrido en Tlatlaya.
El juez amparó también a la testigos Clara Gómez, quien pide desde un principio que la Procuraduría General de la República, PGR, investigara a fondo el caso: la balacera, los asesinatos, la alteración de la escena del crimen y la actuación de los mandos militares entre otras situaciones.
Uno de los punto medulares del llamado del juez, que es que PGR tiene que investigar un oficio tipo machote que trascendió, y que existe en el expediente de la fiscalía, que hace referencia a una orden militar que la comandancia del batallón envió al encargado de la base en la que estaban destinados los soldados implicados en el caso.
Uno de los puntos de la orden leía: “Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”. El oficio tenía fecha del 11 de junio, dos semanas y media antes de lo ocurrido.
Este es el punto. La autoridad investigadora ya lo tenía en su poder, pero todo indica que lo desestimó. Si llega al fondo de este papel tendrá que hacer comparecer a mandos de la milicia y entonces sí descubrir qué pasó en Tlatlaya y qué ha pasado en otras parte de México donde han trascendido muertes similares.
