Ayer por la tarde, el Instituto Electoral de Coahuila dio a conocer las cifras resultantes del proceso de cómputo municipal de la elección de Gobernador y, aunque el cómputo estatal será el próximo domingo, se adelantó que el abanderado del Partido Revolucionario Institucional, Miguel Ángel Riquelme, aventaja en los comicios por casi 31 un mil votos.

Más allá de las cifras concretas para cada candidato, un dato resulta importante —entre otras cosas, por inédito en una elección coahuilense—: se volvieron a contar más del 90 por ciento de los votos emitidos en las urnas el domingo pasado.

El masivo recuento de boletas permitirá, en cuanto la autoridad electoral socialice las cifras, comparar los resultados del cómputo con los asentados en las actas de escrutinio del domingo anterior y realizar ejercicios de análisis que permitan dilucidar, más allá de las especulaciones, si hubo irregularidades en el conteo de los sufragios.

Porque ahora, luego del recuento de votos, existen dos actas para casi la totalidad de las casillas: la que se elaboró la noche de la elección y la que se llenó durante el recuento de votos en los comités municipales y distritales. Este hecho permitirá verificar las cifras de una y otra para comparar y ver si existen diferencias significativas.

El virtual ganador de la elección ha dicho ya que el cómputo permitió incrementar la diferencia de votos que le separaba de Guillermo Anaya, pero debido a que la cifra original de votos que se había contado en las casillas no se sumó en el Prep no cualquiera puede, en este momento, evaluar la diferencia.

Quienes sí podrían hacerlo son los partidos políticos pues, de acuerdo con lo que han declarado, cuentan con el 100 por ciento de las actas originales. Valdría la pena que, en aras de permitirnos a los ciudadanos despejar dudas, los partidos realizaran un ejercicio transparente de análisis de las cifras contenidas en las boletas originales y las nuevas que se elaboraron debido al recuento.

Con independencia de esta posibilidad, habrá que decir que la tensión no ha disminuido y que la coalición encabezada por Guillermo Anaya Llamas ratificó ayer sus afirmaciones en el sentido de que esta elección está manchada por la existencia de un fraude y que cuenta con las pruebas suficientes para demostrarlo en los tribunales.

Por otro lado se anunció que habrá nuevas movilizaciones ciudadanas y la realización de acciones “de resistencia” consistentes en manifestar desacuerdo con el resultado comicial.

Como ya se ha dicho, habrá que prepararnos para un largo conflicto poselectoral que se prolongará hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita la sentencia que ponga punto final a la controversia.

¿Cuando ocurrirá eso? De acuerdo con la ley, el Tribunal tiene como fecha límite el día 30 de noviembre, es decir, un día antes de que tome posesión quien sea declarado gobernador electo. Esperemos que la tensión no se prolongue hasta entonces.