El frente integrado por cinco de los candidatos al Gobierno de Coahuila y que encabeza Guillermo Anaya Llamas dio ayer un paso más en el proceso de ruptura con las autoridades electorales “desconociendo” el resultado electoral y anunciando que buscará la nulidad de los comicios realizados el domingo.

En conferencia de prensa, el abanderado del PAN señaló que han logrado documentar irregularidades en más del 20 por ciento de las casillas instaladas en el territorio estatal y que con esos datos procederán a solicitar la nulidad de la elección y la consecuente realización de un nuevo ejercicio comicial.

Al tiempo que realizaba estas afirmaciones, Anaya Llamas anunció que los representantes de los partidos que integran el Frente se retirarían de las sedes municipales y distritales donde se realizaba el cómputo de la elección de Gobernador para no “convalidar el fraude que lleva a cabo el PRI y el gobierno de Coahuila”.

Con esto, se confirmó algo que se veía venir desde que la oposición reunida en torno al candidato del PAN decidió entrar en ruta de colisión con el órgano electoral de Coahuila alegando que el proceso electoral ha estado plagado de irregularidades: la decisión sobre quién ganó la elección se tomará en última instancia en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tal posibilidad, vale la pena decirlo, siempre existe, incluso cuando los márgenes de ventaja entre los candidatos punteros de una elección sean amplios y no se registren las fallas logísticas y de organización que ciertamente tuvo la jornada electoral del domingo.

Sin embargo, a diferencia de un proceso impugnativo “normal”, en el cual una o más fuerzas políticas controvierten el resultado electoral porque ejercen el derecho que tienen a ello, aquí está claro que todas las energías de quienes se dicen agraviados estarán orientadas, de aquí al día en que el TEPJF emita su fallo, a lograr la anulación de los comicios.

También está claro que la estrategia a desplegar en las próximas semanas y meses no será solamente jurídica, sino también política y que eso implica mantener la tensión entre los partidos y el órgano electoral y entre aquellos y el Gobierno del Estado.

Al final de este proceso, como ha ocurrido en episodios similares, muy probablemente todos terminemos perdiendo, pues la tensión poselectoral seguramente irá minando la credibilidad en las instituciones y enconando el ánimo popular.

No es la primera ocasión en que atestiguamos un episodio de esta naturaleza: ya los hemos visto antes y hemos conocido sus lamentables consecuencias. Sólo que ahora los coahuilenses no somos testigos lejanos de su desarrollo, sino protagonistas del mismo.

Valdrá la pena que partidos políticos, candidatos y ciudadanos recuperemos la experiencia de episodios pasados para, sin que nadie renuncie a la defensa de sus convicciones y derechos, evitemos que el saldo final sea perjudicial para la salud de nuestra entidad.