Elecciones 2017, se requiere responsabilidad
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El candidato al Gobierno de Coahuila por la coalición que encabeza el Partido Acción Nacional, Guillermo Anaya Llamas, advirtió a los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila “que ni se les ocurra dejarse torcer el brazo por el Gobierno del Estado” y advirtió de la posibilidad de que se registre un fraude electoral en este proceso.
En principio, nadie podría estar en desacuerdo con el llamado a que la autoridad electoral se ajuste a los principios que rigen su actuación. Si acaso, habría que añadir a lo dicho por el abanderado albiazul, que los responsables de la organización electoral no deben dejarse torcer el brazo, ni por las autoridades estatales ni por ninguna otra persona o grupo de interés.
Sin embargo, más allá de la obviedad en la declaración, la “advertencia” que realiza el aspirante a ocupar la silla del Ejecutivo estatal no puede tomarse a la ligera y es de esperarse que no se trate tampoco de un señalamiento realizado sin fundamento.
Contrario a dicha posibilidad, lo deseable es que si Guillermo Anaya –o cualquier otro candidato, dirigente partidista o ciudadano– tiene pruebas de que en Coahuila se estuviera organizando una operación para modificar artificialmente la voluntad ciudadana las presente y que sean investigadas con todo rigor.
Lanzar “escopetazos al aire”, sin respaldar las declaraciones en hechos contundentes, no solamente contaminaría de forma indeseable el ambiente electoral, sino que constituiría un acto de irresponsabilidad que no habla bien de alguien que quiere dirigir los destinos de una entidad.
Cualquier intento de pervertir la voluntad de los coahuilenses en el actual proceso electoral debe ser rechazado sin ambigüedades y todos debemos sumar nuestra voz a la condena que merecería un hecho de tal naturaleza.
Pero con la misma firmeza con la cual debemos rechazar los intentos de la clase política o los grupos de interés en este sentido, estamos obligados a rechazar las manifestaciones irresponsables que sólo buscan enturbiar el ambiente con el propósito de “llevar agua a su molino”.
En este sentido, lo deseable es que todos los aspirantes a un cargo de elección popular, así como los dirigentes de los partidos que los postulan –o los ciudadanos que les respaldan, en el caso de los independientes– asuman un compromiso con los electores: el de conducir sus campañas políticas con apego a la verdad.
A nadie le sirve una autoridad electoral debilitada a golpe de señalamientos genéricos que sólo buscan sembrar la duda en la organización comicial alimentando la desconfianza justificada que muchos ciudadanos tienen hacia todo ente público.
Por el contrario, lo que a todos conviene es que los responsables de organizar las elecciones sean reconocidos por su conducta imparcial y que todos tengamos claro que, en caso de no darse ésta, los mecanismos de sanción que la ley prevé serán eficaces.