Entrega-recepción, ¿no debería realizarse?

La administración de Rubén Moreira Valdez anunció ayer el inicio formal del proceso de entrega-recepción entre el Gobierno que está por concluir y el que, a menos que las elecciones sean anuladas, encabezará Miguel Riquelme Solís, a quien el Instituto Electoral de Coahuila entregó, el pasado 11 de junio, la constancia de mayoría como gobernador electo.

El anuncio, realizado de forma conjunta por los gobernadores Constitucional y Electo, fue acompañado de la revelación del equipo de transición que incluye una coordinación general y siete grupos de trabajo a cuyos integrantes se han encomendado tareas específicas.

Como era de esperarse, los excandidatos agrupados en torno al denominado Frente por un Coahuila Digno han rechazado la decisión y reiterado su convicción en el sentido de que los tribunales electorales habrán de ordenar la realización de nuevos comicios.

Como era de esperarse también, el anuncio del Gobierno de Coahuila ha levantado una nueva ola de especulaciones y ha vuelto a encender la discusión respecto de las presuntas irregularidades cometidas en el pasado proceso electoral y que podrían llevar a su nulidad.

Más allá de las pasiones políticas, sin duda que el hecho obliga a preguntarse si, en casos como el que nos ocupa, los procesos de transición deberían iniciarse o no.
La razón fundamental para hacernos tal pregunta no es ni jurídica ni política, sino de carácter presupuestal. Y es que para el sostenimiento de los equipos de transición se requieren recursos públicos que, en caso de una nulidad, constituirían un desperdicio.

Es cierto que algunos de los integrantes del equipo de transición ocupan actualmente un cargo público y por ello podría decirse que no requieren de un salario para hacerse cargo de estas tareas, pero no todas las personas cuyos nombres fueron revelados ayer se encuentran en esta circunstancia.

En este sentido, valdrá la pena que se precise el monto de recursos que en el presupuesto de egresos de la entidad se ha destinado para este proceso y la forma en la cual serán ejercidos. Por otra parte, valdrá la pena que la experiencia de este proceso sirva para adecuar el calendario electoral de forma tal que se evite en el futuro el desperdicio de recursos.

Nadie puede afirmar con certeza qué van a decidir los tribunales electorales, pero tampoco nadie puede garantizar que la elección no será anulada y si ello ocurre, entonces, los recursos que se emplearán en el proceso de transición iniciado ayer serían recursos literalmente “tirados a la basura”.

¿Debería por ello suspenderse el proceso? Resulta difícil dar una respuesta inequívoca al cuestionamiento porque, por un lado, existe una obligación legal, para quien encabeza la administración que se va, de realizar la transición y, por el otro, existe un Gobernador Electo cuyo triunfo, aunque haya sido controvertido ante los tribunales, mientras éstos no se pronuncien sigue siendo perfectamente legal.

En todo caso, lo que sí debería ocurrir es que este episodio sirva de base para realizar las reformas necesarias a fin de evitar, en el futuro, el desperdicio de recursos públicos en procesos de entrega-recepción que corren el riesgo de no concretarse nunca.