Espionaje: hay que rechazarlo siempre

Con un discurso que busca justificar la acción gubernamental a partir de la necesidad de “protegernos contra la inseguridad”, los gobiernos del mundo entero se toman licencias para invadir la privacidad de los ciudadanos.

Para lograrlo recurren a la tecnología que, gracias a la omnipresencia del Internet, multiplica las posibilidades de intromisión.

Se trata de una tentación a la cual no se resisten, lo mismo Gobiernos “democráticos” que aquellos reconocidos por su corte autoritario. Y no lo hacen porque unos y otros son, al final, Gobiernos integrados por grupos de poder cuya prioridad fundamental es justamente la conservación del poder.

Pero que la conducta sea común no puede ser motivo para extenderle carta de naturalización o para considerarla una conducta frente a la cual no queda sino la resignación.

Por el contrario, los medios de comunicación, los defensores de derechos humanos, los políticos opositores y, en general, quienes por una 
razón o por otra se convierten en víctimas de espionaje, deben sumar sus voces para denunciar esta práctica, condenarla sin ambigüedades y exigir que se investigue y castigue a quienes la practican.

El comentario viene al caso a propósito de las reacciones que en México ha provocado la revelación de una investigación realizada por el periódico estadounidense The New York Times, según la cual el Gobierno de México habría utilizado un software especializado para espiar a individuos concretos a quienes se identifica como críticos del régimen.

El programa informático, llamado Pegasus, funcionaría instalándose en los teléfonos inteligentes luego de que estos reciben un mensaje de texto. La sospecha recaería fundamentalmente en el Gobierno Mexicano debido a que la empresa que lo comercializa afirma que solamente se lo vende a Gobiernos con el propósito de vigilar a presuntos delincuentes.

No sería la primera ocasión, por supuesto, en que un instrumento presuntamente diseñado para contribuir a mejorar la seguridad colectiva fuera utilizado con fines políticos. La historia es tan antigua como la existencia misma de la civilización.

El Gobierno Mexicano, como sería de esperarse, ha salido a negar la especie afirmando que no existe prueba alguna que vincule a las agencias de seguridad del País con acciones de espionaje. La desconfianza acumulada que existe hacia el sector público ha hecho que se dude, por supuesto, de las afirmaciones realizadas por la administración federal.

Habrá que mantener el dedo sobre el renglón e insistir en el derecho que todos tenemos a la vida privada y la obligación que el Estado tiene no solamente de respetarnos ese derecho, sino de garantizarlo.

Adicionalmente habrá que sumar las voces de todos en la exigencia porque el asunto se investigue, eventualmente se persiga a los responsables de espiar ilegalmente a periodistas y activistas de derechos humanos y se castigue la conducta.