Espionaje, señor Peña, you have a problem

Espiar ilegalmente en México a mexicanos por el hecho de tener posiciones críticas al gobierno, es una acción condenable que exige explicación y sanción a quien o quienes lo hayan hecho, dentro del gobierno –funcionarios actuando al margen de la ley- o fuera de él. Pero espiar ilegalmente a extranjeros en territorio mexicano, coloca al gobierno en el umbral de un problema internacional. Las autoridades pueden mantener su negligencia para investigar casos de espionaje a mexicanos y burlarse de la rendición de cuentas. Pueden ignorar, deliberadamente o no, conocer a los autores intelectuales de semejante actividad, e incluso solapar a los responsables. Pero pretender lo mismo cuando hay extranjeros involucrados tiene implicaciones internacionales, como sucede con el espionaje al grupo de expertos internacionales que coadyuvaron en la investigación de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, revelado esta semana.

Como reacción directa ese espionaje difundido a través del periódico The New York Times, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, afirmó en el programa “La Nota Dura” transmitido por El Financiero-Bloomberg, que nunca recibió del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ningún reclamo por la sospecha de que sus comunicaciones privadas estaban siendo intervenidas. No lo sabían. Los investigadores le dijeron al diario que no fue sino hasta que difundió el método mediante el cual se intervinieron los teléfonos de activistas sociales, abogados de derechos humanos y periodistas, que sospecharon que ellos también habían sido objetivo de esos ataques. El Citizen Lab, de la Universidad de Toronto que verificó que esas intervenciones habían sido realizadas por un programa llamado Pegasus, confirmó que así había sido.

Pegasus es un software que vende una empresa israelí llamada NSO Group, que de acuerdo con el Times, sólo puede ser adquirida por gobiernos. De ahí la sospecha informada que el espionaje se originó en alguna oficina del gobierno federal, y la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto para que la PGR investigara. Han pasado varias semanas desde que dio la instrucción y no ha sucedido nada. El argumento es que una investigación de esta naturaleza lleva tiempo. Lo inverosímil no es la demora para dar resultados, sino que no sepan claramente quién o quiénes, dentro o fuera del gobierno, tenían acceso a Pegasus. Lo mismo se puede alegar del Cisen, que de acuerdo con funcionarios federales, no tiene ese software, contradiciendo lo que los contratos del NSO Group sostienen.

El espionaje ilegal es un tema de seguridad nacional. Si la PGR y el Cisen, que tiene la tecnología para investigar de manera más expedita el espionaje ilegal, no saben nada, es más grave que si funcionarios en esas dependencias hubieran abusado de su autoridad, pues reflejaría una incompetencia monumental del gobierno en términos de la seguridad del Estado. No es creíble que desconozcan su origen y a los autores. La hipótesis que el gobierno sí sabe quién espió y está encubriendo a los responsables, la fortalece la oposición del PRI en el Congreso a que comparezcan el secretario de Gobernación, el procurador general y el director del Cisen. En toda democracia, que el Congreso llame a que los funcionarios involucrados en temas delicados expliquen sus acciones y decisiones, es una práctica normal. Que el PRI esté impidiendo que vayan a comparecer, sabiendo que los coordinadores no hacen nada que no les ordenen desde Los Pinos, daña más a Peña Nieto de lo que él mismo cree. No se beneficia el presidente de este blindaje contra la transparencia, sino que indirectamente lo inculpa.

Ciertamente, en el caso del espionaje doméstico, el gobierno puede soportar las críticas e ignorarlas, así como manipular al Congreso para que no moleste al Ejecutivo. Sin embargo, eso no lo podrán hacer con el espionaje extranjero, que violó tratados y acuerdos internacionales, con lo cual podría ser sujeto el presidente, como jefe del Ejecutivo, a un litigio en cortes internacionales. Sólo como botón de muestra, la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, establece que nadie puede ser sujeto de interferencia arbitraria o ilegal de su privacidad, y tiene derecho a la libertad de pensamiento, a expresarse y a diseminar información por cualquier medio sin ser sujeto a coerción o intimidación, gozando de la protección de la ley contra esos ataques.

Las garantías individuales y los derechos contemplados internacionalmente, fueron violados con los mexicanos y los extranjeros. Los mexicanos no tienen muchas opciones, ante la pasividad e indiferencia de las autoridades, pero no los extranjeros. El espionaje contra ellos no tiene muchos precedentes. La analogía en la memoria es el espionaje global de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo. No obstante, el hoyo legal que salva al gobierno de esa nación fue el Acta de Vigilancia de Inteligencia en el Extranjero de 1978. El mexicano no tiene nada por el estilo. El espionaje fue grotesco y masivo, y el encubrimiento se encuentra bajo los mismos parámetros.

El presidente debe reflexionar sobre lo que está sucediendo en su gobierno, sean o no algunos de sus colaboradores responsables directos de ello, y actuar en consecuencia. Si no hace algo al interior de su equipo, entonces se le recomienda contratar un equipo de abogados y preparar su defensa en cortes internacionales, porque alguien va a pagar por esto y, hasta ahora, la única cabeza responsable a la vista es la de él.

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