Exvocero de Duarte acusado de encubrir pagos a empresas 'fantasma' se deslinda
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Al ser investigado por la Fiscalía de Veracruz, el diputado federal Alberto Silva dice que los pagos que se le imputan fueron gestionados y autorizados por la exvocera de Duarte, Gina Domínguez, y el también diputado del PRI, Tarek Abdalá
Por Arturo Angel (@arturoangel20) para Animal Político
Una investigación en curso de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz acusa al diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Silva Ramos, de haber encubierto pagos a por lo menos diez empresas fantasma durante su gestión como coordinador de Comunicación Social del exgobernador, Javier Duarte.
Al respecto, Silva asegura que él no autorizó ni ejecutó esos pagos, sino que solo consiguió las facturas de los mismos.
Añade que los responsables de gestionar y ejecutar esa entrega de dinero a las compañías fachada fueron su antecesora en la coordinación de Comunicación, Gina Domínguez, y la Tesorería de la Secretaría de Finanzas, que encabezaba el hoy diputado federal, Antonio Tarek Abdalá Saad.
La respuesta del diputado se encuentra en una declaración por escrito que entregó al Ministerio Público, para responder a las acusaciones, y que ya forma parte del expediente que la Cámara de Diputados integra por la solicitud de desafuero contra Silva, promovida por el fiscal de Veracruz.
Ese expediente revela que la Fiscalía señala a Silva de ser parte de una presunta operación de manejo ilegal de recursos públicos, que involucró a una decena de empresas fantasma de la misma red que Animal Político reveló en 2016.
También se le acusa de no haber transparentado los pagos realizados por la oficina de Comunicación Social de Veracruz cuando él estuvo al frente, y de haber financiado una campaña en distintos medios para favorecer al PRI, en las elecciones locales del año pasado
El diputado federal niega la responsabilidad en cualquier de esos delitos y pidió a la Cámara de Diputados que deseche la solicitud de desafuero pues, asegura, hay presuntas omisiones en las investigaciones y violaciones al debido proceso.
Yo no fui, fueron otros
En su respuesta enviada a San Lázaro, Silva Ramos sostiene que él no estuvo involucrado en ninguna operación ilegal, y asegura que tampoco le interesa encubrir a otros que posiblemente sí lo hayan estado.
El diputado explica que, de acuerdo con lo asentado en la carpeta de investigación FGE/FIM/CI/36/2017 que integra la Fiscalía en su contra, y que pudo conocer tras comparecer voluntariamente ante el Ministerio Público, se le acusa con otras dos personas de haber encubierto una operación fraudulenta que permitió el desvío de recursos públicos.
En dicha operación estarían involucradas por lo menos diez empresas fantasma o fachada, que recibieron pagos por supuestos actos de difusión que nunca realizaron. Esto habría ocurrido entre los años 2012 y 2014.
Silva, quien llego a la Coordinación de Comunicación Social de Veracruz en febrero de 2014, sostiene que él nunca autorizó ni ejecutó esos pagos, pues ya se habían hecho previamente. Añade que solo los regularizó porque faltaban las facturas que marca la ley, para la comprobación de los recursos.
“Durante mi gestión se regularizó y se terminó con una tramitación meramente administrativa que tuvo como efectos que las empresas emitieran los documentos idóneos (facturas)”, dice en su escrito.
Silva sostiene que los pagos a los que hace referencia la Fiscalía en realidad fueron gestionados y ejecutados por su antecesora en el cargo, es decir Gina Domínguez, quien actualmente se encuentra presa y procesada por presuntos actos de corrupción.
Además recuerda que esos pagos, de acuerdo con la ley, tuvieron que ser autorizados por la propia Secretaría de Finanzas. Prueba de ello, dice, es que hay oficios en donde se solicita la autorización de esos pagos al entonces tesorero de Finanzas de Veracruz y hoy diputado federal, Tarek Abdalá Saad.
“Para que se haya realizado el pago a las empresas, mi antecesor (Gina) debió emitir un dictamen de procedencia que justificara la contratación de éstas, y solicitar la suficiencia presupuestal señalándole que es la Secretaría de Finanzas y Planeación la que autorizará (…) toda esa tramitación de ninguna manera fue responsabilidad del suscrito”, dice Silva en sus alegatos.
El diputado insiste en que cuando él llegó se encontró con que había pagos ya realizados, sin que se hubieran facturado, por lo que tuvo que solicitar a las empresas las facturas.
“Lo único que se realizó durante mi gestión fue finalizar un trámite meramente administrativo derivado de la omisión de la mi antecesor, siendo que esa ‘comprobación’ de ejecución de recursos es un hecho conocido e incuestionable, ya que en su momento esa disposición de recursos fue autorizada y ejecutada por la Secretaría de Finanzas”, indica Silva Ramos.
Las empresas y la simulación
De acuerdo con la Carpeta de Investigación FGE/FIM/CI/36/2017, durante la gestión de Alberto Silva como coordinador de comunicación social se realizaron comprobaciones fiscales mediante facturas, con la finalidad de encubrir pagos a empresas fantasma. Todo esto como parte de una presunta operación organizada para el desvío de recursos.
Las empresas que recibieron los recursos públicos son Anzara S.A. de C.V., Carrirey S.A. de C.V., Centro de Recursos de Negocios CERENE S.A. de C.V., Publicidad Akkira S.A. de C.V., Desarrolladores Mercalim S.A. de C.V., Saervizios Oktagonales S.A. de C.V.., Marvercar S.A. de C.V., Merca carrey S.A. de C.V., Mogarver S.A. de C.V. y Ravsan Servicios Múltiples S.A. de C.V.
Todas estas compañías forman parte de una red de empresas fantasma, que no solo recibieron recursos desviados de comunicación social, sino de distintas dependencias del gobierno de Veracruz.
Animal Político publicó en mayo de 2016 que estas compañías y otras once más recibieron 645 millones de pesos provenientes de las secretarías de Desarrollo Social, Educación, Protección Civil y el DIF Estatal. Los pagos fueron por servicios que nunca se realizaron. Una investigación del SAT confirmó que eran empresas fantasma, ya que solo podían emitir facturas pero no daban servicio alguno.
En diciembre de 2016 este portal también reveló el uso de estas empresas para desviar pagos de comunicación social, que es el caso que ahora se imputa Silva. Estas empresas junto con otras seis recibieron tan solo en 2014 más de 500 millones de pesos por supuestas actividades de difusión. En este caso no hubo ni siquiera contratos o procesos de licitación.
Al responder a esta acusación en una declaración por escrito, entregada a la Fiscalía de Veracruz, Alberto Silva niega que él haya sido cómplice en la comprobación de operaciones simuladas pues, reiteró, todos esos pagos y su justificación fueron responsabilidad de su antecesora y de la Secretaría de Finanzas.
“Si en esa tramitación existió la comisión de alguna conducta delictiva… no tengo nada que ver con ello y jamás me interesaría encubrir a nadie que deba enfrentar la justicia por haber actuado en contra de la legislación aplicable”, señala Silva.
Pide cancelar desafuero
En el documento de sus alegatos entregado a la Cámara de Diputados el pasado viernes, el diputado Alberto Silva solicita a la comisión responsable de analizar la solicitud de desafuero que desestime este procedimiento, debido a que existen presuntas irregularidades que afectan sus derechos humanos y el debido proceso.
El legislador detalla más de 20 hechos que desde la perspectiva de sus abogados son irregulares. Entre ellas destaca que tuvo que recurrir a demandas de amparo para conocer que la Fiscalía estaba integrando tres carpetas de investigación en su contra, en las que nunca se les citó a declarar.
Pero además añade que la Fiscalía estatal le ha ocultado pruebas que se encuentran en los expedientes, y que se niega a revelar datos como, por ejemplo, la identidad de tres testigos que declaran en su contra.
“Dicho desconocimiento se traduce en una incertidumbre jurídica respecto al ejercicio de mi derecho de defensa, en el sentido de que no puedo declarar, u ofrecer datos de prueba o el desahogo de dichas testimoniales sin conocer si el propio ofrecimiento de pruebas o su desahogo puede traducirse en un acto perjudicial o benéfico para el suscrito”, apunta.
El diputado advierte además que en el caso de las acusaciones por haber operado campañas mediáticas con recursos públicos en favor del PRI, la Fiscalía no aporta datos de prueba que expliquen cómo se cometió este hecho, ni cuál es su presunta participación.
De hecho, según el legislador, no queda claro en ninguno de los casos cómo es que él cometió delitos que se le imputan, entre ellos coalición y abuso de autoridad.
“En conclusión, es posible afirmar que el C. Fiscal General del Estado de Veracruz omitió realizar un estudio profundo respecto de los delitos que se me imputan y de las hipótesis específicas aplicables a cada uno”, dice Silva en su pronunciamiento escrito.
Por estos motivos, el diputado pidió a la comisión del caso que deseche al solicitud de desafuero en su contra o, en todo caso, que al resolverla determine que no es procedente.
La decisión está ahora en las manos de los diputados, quienes ya con anterioridad desecharon una demanda de desafuero contra el diputado federal Tarek Abdalá.
