Fiscalías, la pata coja

Si seguimos como vamos, los datos indican que 2017 será el año más violento de la historia reciente de México. ¿La razón? Un incremento sostenido y alarmante en la tasa de homicidios por razones complejas y multifactoriales, pero explicables. 

En un estado históricamente violento como el mío (Sinaloa), he visto al menos a tres gobernadores ofrecer sus “balas de plata” para solucionar la violencia. Desde armamento de mayor calibre, vehículos “Tiger” todoterreno y hasta drones de última generación.

Sobra decir que al ver el nivel de desmantelamiento de las corporaciones de policía civil, es comprensible (no justificable) que los gobernadores echen mano del Ejército y la Marina. En el día a día, son los únicos que tienen el entrenamiento y la capacidad para enfrentar a células criminales numerosas y fuertemente armadas.

Prácticamente todos los estados de este país tienen déficit de policías o equipamiento y niveles reprobatorios en exámenes de control de confianza. Y, ¿sabe usted de quien es responsabilidad reconstruir esas policías? De los gobernadores, obviamente. 

Pero no quieren hacerlo. Y no quieren porque en muchos casos son juez y parte. Ya sea por corrupción o por cooptación. Porque siempre será más cómodo echarle la culpa del crimen organizado a la Federación; solicitar el  apoyo de las fuerzas armadas; y, acto seguido, lamentar amargamente la insuficiencia de ese apoyo. Así no son dolientes, sino víctimas de las circunstancias. 

A ese juego mentiroso e hipócrita se suma otra condición más endeble de nuestro estado de derecho: la situación de precariedad que guardan las Fiscalías/Procuradurías locales.

Si usted ha denunciando alguna vez un delito, sabe de qué estoy hablando. Toparse con el trabajo de un Ministerio Público no solo es un proceso burocrático, engorroso, desgastante e inútil, sino que puede ser una ventana para otros riesgos como la corrupción y el peligro de una venganza. Pareciera que la Fiscalía está allí para todo, menos para ayudar.

Nos desgastamos a diario exigiendo a militares que cumplan con labores que le corresponden a la policía. Exigimos que “alguien” nos garantice seguridad porque no es posible que vivamos con estos niveles de miedo. Pero olvidamos que el factor más importante para explicar la violencia reiterada que vivimos es la impunidad. 

En México se delinque hasta el asesinato por una razón harto simple: no hay consecuencias jurídicas. Los índices de impunidad superan el 80%-90% según delito y región. El valor entendido es que no vivimos en sociedad, sino en la barbarie.

Ahora que las Procuradurías deben cobrar autonomía en su conversión a la figura de Fiscalías, es momento de que los ciudadanos volteemos hacia ellas y entendamos que si bien la seguridad es un desastre, no lo es menos el estado de nuestras instituciones para la procuración de justicia. 

Una procuración que, muy lejos de su objetivo democrático, resulta criminal en sí misma. Por corrupta, pero también por inepta. A nuestras fiscalías les falta personal, capacitación, tecnología. Se les ve cómo carga y no como prioridad.

Por eso, en lugar de culpar dolosamente al nuevo sistema de justicia penal por la escalada de violencia, los gobernadores deberían asumir su responsabilidad y dotar de recursos materiales y humanos a las Fiscalías para que estén en condiciones de cumplir con su trabajo en tiempo y forma. 

El Sistema de Justicia Penal Acusatorio no es el enemigo, es un gran acierto de modernidad que solo ha exhibido las miserias de nuestras policías y la incapacidad investigadora de nuestros Ministerios Públicos.

Ahí deben poner el acento los gobernadores para procurar justicia y empezar a construir confianza entre la sociedad.