‘Fuerza Coahuila’: despliegue de incapacidad

Las escenas que ayer fueron difundidas desde Monclova, y en las cuales se aprecia el uso excesivo de la fuerza –por parte de cuerpos policiales y presuntos miembros del ejército– en contra de manifestantes que protestaban por el alza en los combustibles, representan la regla y no la excepción en América Latina: constituyen el retrato de la incapacidad gubernamental para enfrentar las consecuencias de la protesta social.

Los elementos de “Fuerza Coahuila”, corporación policial presentada como un “modelo” de organización, dejó claro ayer que sus elementos carecen de los conocimientos elementales en materia de protocolos para la atención de manifestaciones y no son, al menos en este aspecto, sino una versión más cara de las corporaciones policiales mexicanas históricamente caracterizadas por la brutalidad en la actuación de sus elementos.

Lo que ayer ocurrió en Monclova retrata bien los rezagos que padecemos en Coahuila en materia de protección y garantía de los derechos humanos, una de cuyas aristas es, precisamente, la capacitación policial.

Y es que de un lado se encontraba un grupo de ciudadanos ejerciendo uno de los derechos que la Constitución les reconoce: el de protestar. Del otro, se encontraban otros ciudadanos intentando ejercer otro derecho que también la Constitución reconoce: el de circular libremente por el territorio nacional.

Ninguno de los dos derechos es más importante o tiene más valor que el otro; ninguno de los dos derechos puede ser “eclipsado” por el otro, sino que ambos deben poder ejercerse con igual libertad y en forma simultánea. El denominador común en la ecuación es el Gobierno, que tiene la obligación de garantizar que unos y otros ejerzan sus derechos.

Claramente los elementos de “Fuerza Coahuila” –y el resto de los elementos que les acompañaron ayer– no tienen conocimiento de ello ni han sido entrenados para comprender el concepto según el cual los derechos no se subordinan entre sí. 

Por ello es que las protestas –claramente pacíficas, por lo que puede verse en las imágenes difundidas– terminaron en violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías, en el arresto de decenas de ciudadanos y en la agresión a varios representantes de los medios de comunicación.

Víctor Zamora Rodríguez, secretario de Gobierno y responsable de la actuación de la policía de “élite” de la administración estatal, deberá ofrecer una explicación de lo ocurrido ayer, pero no sólo eso: deberá garantizar que se realicen acciones capaces de evitar que hechos como éstos vuelvan a ocurrir y que los excesos cometidos ayer sean castigados.

En el camino, es de esperarse que el también responsable de la política interior del Estado no recurra nuevamente al grosero argumento –del cual ha abusado repetidamente– de que las críticas en contra de su policía son parte de una “narcocampaña” que sólo pretende desacreditar a un cuerpo de seguridad integrado por “héroes civiles” a quienes deberíamos más bien realizar reconocimientos permanentes.