Guerra de acusaciones contra propuestas

Esta semana, los partidos políticos han mantenido el derrotero de la judicialización del proceso electoral, es decir, las campañas no sólo se están llevando en las calles, también en los tribunales. 

Los principales partidos han buscado hasta lo mínimo para denunciar conductas irregulares de su adversario. Esto, puede ser percibido desde diferentes ópticas. 

Por un lado, es plausible que toda conducta que pueda ser considerada como una presunta irregularidad sea investigada y que por ende pueda ser castigada como lo marca la ley. Eso sería lo correcto en un país donde los índices de impunidad de manera general rondan el 98 por ciento. 

Pero por otro costado, resulta desgastante para la sociedad ver cómo los partidos se acusan de diferentes situaciones que al final pueden resultar más ruido que fondo, mientras la ausencia de verdaderas propuestas en temas de la mayor importancia, se mantiene como si no hubiera periodo de campaña.

Los tribunales deberán estar al tanto de evitar la politización y guerra sucia de los partidos, para así discernir de las conductas que sí ameritan un castigo por presentar irregularidades en el actuar. 

Esta semana vimos cómo el PRI denunció la publicidad que contrató Guillermo Anaya, candidato del PAN a la gubernatura, en las vallas que se instalan en el estadio Corona, de Torreón. Por otro lado, el PAN llevó a “tiempos extras”, gracias a una definición judicial, la composición de las planillas del PRI y sus aliados a los Ayuntamientos. 

Esto se suma a las denuncias penales que han cruzado ambos partidos por diferentes actividades que van desde el presunto uso electoral de apoyos para contingencias hasta los posibles vínculos de políticos con presuntos criminales.

Hasta hoy, lo que ha hecho más eco en la campaña –o por lo menos se lo han dado los partidos- han sido las acusaciones vertidas. 

Las propuestas han quedado relegadas o no han tenido la misma sonoridad. 

En las páginas de VANGUARDIA se ha advertido sobre problemáticas profundas, como lo es la salud financiera de la próxima administración estatal, que no han sido analizadas y debatidas como se debiera por parte de los candidatos desde los espacios públicos. 

Más allá del ruido de las acusaciones, los candidatos debieran entrar a esta etapa de reflexión, análisis y sobre todo de una actitud propositiva hacia los grandes temas de la agenda pública. 

En esta semana se llevará a cabo el primer debate formal entre todos los aspirantes a la gubernatura. La temática a abordar resulta atractiva: Seguridad y Justicia, Educación y Salud Pública. 

Los primeros temas siempre serán de importancia ante los años oscuros que se vivieron en Coahuila. Dar un paso atrás en materia de seguridad y combate al crimen resultaría inaceptable. Por ello, deberemos de poner atención en lo que cada candidato propone para mejorar la situación de seguridad en la entidad. 

Para nadie sería atractivo volver a tener momentos que se asemejen a una guerra civil en las calles coahuilenses. 

Los otros dos temas siempre tendrán áreas de oportunidad y de mejora. Aunque se han dado pasos importantes, sigue habiendo denuncias sobre la falta de medicamento y atención deficiente en el sistema público hospitalario. 

Mientras que en Educación, pese a que Coahuila no presenta graves retrasos como las entidades del Sur del País, no se le puede dejar como un tema subyacente. 

Con esta agenda, debiéramos esperar que los candidatos prioricen las propuestas por encima de la guerra de denuncias que hasta ahora han emprendido.