IEC, ¿alguien está tratando de ‘minarlo’?
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La pregunta es, a estas alturas, obligada: ¿a quién le conviene que la autoridad responsable de organizar las elecciones no tenga credibilidad o que no genere confianza entre la ciudadanía?
Y es obligada, porque la respuesta de la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías, y del consejero Alejandro González Estrada, frente al escándalo desatado por la filtración de presuntas conversaciones entre el segundo y el exdirigente estatal del PRI, David Aguillón Rosales, ha sido exactamente la misma: se trata de una estrategia “para debilitar” al órgano electoral.
Si tal versión es cierta, los integrantes del Consejo General del IEC deberían denunciar, sin ambigüedades, a quienes consideren que se encuentran detrás de tal estrategia, y utilizar todos los medios jurídicos a su alcance para desenmascarar el “complot” del cual se duelen.
Porque si alguien está tratando de “minar” al órgano electoral, no puede ser un ente intangible o carente de intereses en el ámbito de la lucha por el poder en Coahuila, sino justamente lo contrario, es decir, un individuo –o grupo de individuos– de carne y hueso, con una agenda política puntual.
Si alguien está tratando de “desestabilizar” el escenario electoral, sin duda lo estará haciendo con un propósito específico, con un objetivo concreto en mente y tal objetivo tendrá que estar relacionado con la lucha por los votos que se encuentra en marcha.
Y si eso es así, entonces estamos hablando de una denuncia realmente grave que han puesto sobre la mesa los consejeros Gabriela de León y Alejandro González: alguien ha echado a andar un plan, con intereses aviesos, para conquistar el poder por vías no democráticas, lo cual constituye un hecho de la mayor gravedad.
Frente a tal señalamiento, que ambos consejeros han expresado con aparente convicción, cabría esperar una reacción menos tibia por parte del resto de los integrantes del Consejo General del IEC, e incluso cabría esperar que el propio Instituto Nacional Electoral se pronuncie al respecto.
Porque si de verdad existe un intento por “desestabilizar” el órgano electoral de Coahuila, lo que se está diciendo es que se ha puesto en marcha un atentado en contra de los intereses de todos los coahuilenses; y en un asunto como éste no caben las medias tintas: debe cerrársele el paso a cualquier intento de arrebatar el poder por medios ilegítimos.
A menos, claro, que la “explicación” ofrecida hasta ahora no sea sino un intento –a través del método clásico–, de “escurrir el bulto” y buscar que el señalamiento se diluya, apelando al “voto de confianza” que la autoridad electoral merece.
Pero si el Instituto Electoral de Coahuila quiere la confianza de los ciudadanos, lo que debe hacer es denunciar, sin ambigüedades, a quienes “intentan minar” a la institución, y usar en su contra todas las herramientas legales a su alcance para combatirles. Si no lo hacen pronto, comenzará a crecer la idea de que el sonido del río más bien se debe, como señala la voz popular, a que agua lleva.