La falsa justicia de Sinaloa

Regresaba de la Ciudad de México tras compartir con Artículo 19 y FUNDAR en la presentación y difusión del Índice de Publicidad Oficial 2013 sobre México. En “Espiral”, el programa de mi amigo Ricardo Raphael, pude hablar de las particularidades del caso Sinaloa en el manejo de medios vía publicidad oficial. Venía contento de aportar desde la esfera regional a una discusión imprescindible en la esfera nacional. 

El gusto me duró poco, tras bajar del avión en que venía también el Gobernador y enfilar a mi casa, dos jóvenes armados me bajaron del auto, intentaron llevarme y, ante mi resistencia, uno se llevó mi vehículo y otro se quedó conmigo para, finalmente, darme un balazo que me atravesó ambas piernas. 

Entonces, ante la presión mediática nacional y de la sociedad civil sinaloense a la que agradezco infinitamente la solidaridad, el gobernador Mario López Valdez atribuyó el hecho a mi “mala suerte”.  

Me tomó más de un año de terapia física recuperarme para caminar correctamente de nuevo. Hubo que trabajar también en lo emocional y con mi familia. Incluso hubo que iniciar un proceso de capacitación y reflexión institucional en nuestro periódico para no sucumbir al coraje y la indignación. Era muy fácil que eso sucediera y debíamos ser responsables con nuestra voz: en 2014 Noroeste fue el periódico más atacado del País.

Son situaciones para las que uno no está listo nunca. Por más protocolos y capacitaciones que tomes, la violencia irrumpe como el huracán y te rebasa. Otras secuelas seguirán allí por el resto de mi vida: la precaución permanente, cierto dolor que ya se ha hecho mi amigo, algunas pastillas.

Dos días después del ataque, la Policía Ministerial detuvo a dos jóvenes con una rapidez que sorprendió a todos y hasta generó suspicacias. El Gobernador presumió de inmediato “caso aclarado” e insistió en la tesis del robo de auto.

Sin embargo, hay todavía muchos cabos sueltos: la tesis del clonazepam es inverosímil; el agresor directo sigue prófugo; la investigación nunca consideró elementos relevantes mencionados en mi declaración como la participación de otro vehículo con logos de una compañía de seguridad privada; y el por qué nunca pudimos ver la grabación de la cámara de video vigilancia conectada al centro de control C4 colocada en el lugar de los hechos.
A eso hay que agregar algo que me temía: esta semana liberaron a uno de los implicados por falta de pruebas y violación del debido proceso. 

Es un joven implicado por sus compañeros y al que yo no identifiqué pues nunca lo vi. Lo grave es que en las declaraciones se consigna que, tras la detención, ambos jóvenes permanecieron incomunicados por horas en las que no sabemos qué sucedió ni qué hizo la Policía Ministerial con ellos.

No abundo más en los detalles sino en el contexto del caso. A tres meses de irse, se cae la simulación de eficacia de las autoridades policiales. El “caso aclarado” que el Gobernador presumió ante los medios y hasta reclamó por la incredulidad de nuestra parte se desmorona. Nuestras sospechas eran ciertas: les urgía mandar un mensaje de que hacían la chamba para bajarle a la presión.

Por supuesto, no puedo desligar estos hechos del contexto local en que el periódico que dirijo ha liderado la crítica al Gobierno saliente por escándalos de corrupción, violaciones de derechos humanos, inseguridad, malos manejos en las finanzas públicas, influyentismos y conflictos de interés del grupo político en el poder.

Justo esta semana dos periodistas nuestros se hicieron acreedores al Premio Nacional de Periodismo de Divulgación en Sustentabilidad por un reportaje sobre la construcción de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira. El sitio es una reserva ecológica RAMSAR y el proyecto lo lidera el exgobernador Francisco Labastida y lo promueve (y defiende) su hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, actual Secretario de Desarrollo Económico. Ambos muy cercanos al gobernador López Valdez.

¿Debo entender la liberación como el mensaje de despedida de un Gobierno sumido en el desprestigio? 
La pregunta no es especulativa, es muy concreta. Su respuesta debe venir de las autoridades de Procuración de Justicia del Estado.

Es tan simple como mostrar eficacia en la detención de los implicados prófugos y en la integración de una investigación exhaustiva.

Tan simple como demostrar con hechos que en Sinaloa los ciudadanos podemos aspirar a un mínimo de justicia.
Tan simple como resolver mi caso y los otros cien que tenemos pendientes en Noroeste durante este sexenio. Incluidas las agresiones de policías a nuestros fotógrafos en las marchas pro-Chapo Guzmán y de las que sobra la evidencia, pero falta la voluntad política.

Por último, la liberación de uno de los implicados en mi caso vuelve a poner en evidencia la incapacidad de nuestra policía para hacer su trabajo en el marco de la ley. Mientras la tortura y las irregularidades en la cadena de custodia sean práctica habitual de nuestros mandos policiacos y sus efectivos, el Estado de derecho seguirá siendo sólo una bonita frase.

Gracias a mi trabajo y mi posición, tengo la fortuna de poder explicar mi caso a la sociedad, pero sé que no todos pueden hacerlo y eso nos deja a la intemperie.

Todos sabemos que en Sinaloa la impunidad campea y que la justicia existe para los amigos y los privilegiados, no para los que disentimos.

Los sinaloenses vivimos con el miedo permanente de saber que ninguna autoridad es capaz de protegerte ante la bestia salvaje del crimen organizado. Vivimos en un Estado donde impera la Ley del Más Fuerte.
Y todavía peor, que si resultas víctima lo seguirás siendo porque las autoridades están ahí para garantizar otros intereses.

Sirva mi caso como metáfora de la impunidad en Sinaloa. Sirva para que el gobernador electo Quirino Ordaz pondere sus prioridades de Gobierno. Debe aprender que simular el combate al crimen organizado es una puerta falsa, vender el alma al diablo.

Así la falsa justicia en el sexenio de Mario López Valdez que, para bien de todos, ya se va.