La guerra mexicana

En 2013, el semanario inglés The Economist se dio a la tarea de establecer cuantitativamente la definición de un estado de guerra civil. “No cada lucha que involucre a grupos armados es una guerra civil”, apunto. “Varias medidas cualitativas pueden ayudar un simple conflicto de una guerra: ¿tienen los rebeldes apoyo político? ¿tienen posibilidad de ganar? ¿buscan sólo dinero? En la academia también se hacen distinciones cuantitativas. El problema es escoger el número. ¿Debería de ser la marca 25 muertos al año? ¿O 100? ¿O mil?”. Y agregó: “Arriba de la marca de mil, pocos dudan que es una guerra”. Sin embargo, no todos los conflictos violentos son percibidos como una guerra civil. México es un caso típico. Más de 50 mil muertos durante el gobierno de Felipe Calderón no fueron suficientes para que se pensara en México que había una guerra civil. Una suma que será mayor en el de Enrique Peña Nieto, seguramente tampoco será percibido como un conflicto que marcó al país. Pero eso es lo que tenemos.

En un análisis de Virginia Page en la Universidad de Columbia en Nueva York sobre paz y guerras civiles, la autora establece cinco criterios que definen un conflicto armado como guerra civil que, en México se cumplen todos: la guerra ha causado más de mil muertos; representa un desafío a la soberanía de un Estado internacionalmente reconocido; ocurre dentro de las fronteras de ese Estado; involucra al Estado como uno de los principales combatientes; y los rebeldes son capaces de mantener una oposición militar organizada y causar víctimas significativas al Estado. Como recordatorio, durante el primer trimestre de este año hubo seis mil 511 denuncias de homicidio doloso en el país; es decir, seis veces más de la cantidad estándar para calificar un conflicto como una guerra civil.

Las autoridades han negado, desde el gobierno de Calderón, que se viva una guerra civil. Es una guerra contra criminales, dijo siempre el ex presidente. En el gobierno de Peña Nieto, mientras las fuerzas de seguridad federales dejaron de combatir criminales durante ocho meses, se hizo algo que sólo se había visto en la guerra de Bosnia en los 90’s: el gobierno armó a un grupo (las autodefensas en Michoacán) para combatir y aniquilar a otro grupo (Los Caballeros Templarios). El gobierno peñista no tiene en su vocabulario político la palabra “guerra”, pero las acciones extra constitucionales en Michoacán entran en la tipología del genocidio, razón por la cual se está armando un expediente en Estados Unidos contra el presidente Peña Nieto, para llevarlo a una corte internacional, acusado de crímenes de lesa humanidad.

Por sus omisiones y negligencias, con sus estrategias fallidas e ilegales como apoyar a miembros de la delincuencia organizada para “limpiar” de criminales a Michoacán, el gobierno ha contribuido a la creación o consolidación de zonas donde la guerra es abierta. El testimonio de Jorge Alberto Martínez, corresponsal de la agencia Quadratín donde describe lo que sufrieron él y otros seis colegas el sábado en la zona guerrerense de Tierra Caliente, dibuja detrás del drama personal escenas que sólo se ven en los ecosistemas bélicos: retenes militares y de grupos antagónicos a las fuerzas gubernamentales; enfrentamientos armados en las calles, con vehículos incendiados como barricadas para frenar los ataques de los adversarios y servir de trinchera, y capas de colaboradores dentro de la población, sometida por adoctrinamiento, complicidad o miedo, para que los apoyen con información, vigilancia y acciones armadas.

Lo que vivieron los periodistas en la zona de Arcelia el sábado pasado, es similar a como se vivía la guerra civil en El Salvador, donde a la zona de conflicto se llegaba en automóvil y se pasaban retenes militares y de las fuerzas de oposición, para adentrarse a tierra de nadie y llegar al corazón del conflicto del día. La diferencia con El Salvador, es que mientras en Guerrero y otras regiones del país los periodistas pueden atestiguar la guerra que se vive de manera cotidiana, con una frecuencia que aterra, en El Salvador un corresponsal, si tenía suerte, podía cubrir personalmente no más de tres enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, al año. Ni esa, ni otras guerras civiles en el mundo han producido, en tan corto tiempo, tantos periodistas muertos como durante el gobierno de Peña Nieto en la guerra civil no declarada: seis en los cinco meses que lleva el año, y siguen contando.

Se pueden trazar otras analogías. En Belfast, cuando la guerra de colonización en Irlanda del Norte –con tintes religiosos-, estaban perfectamente determinados los dos bandos en conflicto y dentro de la violencia había un orden. Más peligroso era en Beirut, en la guerra civil en Líbano, pero la única frontera de terror era la línea verde que dividía a musulmanes de cristianos; una vez en cualquiera de los dos territorios, había certidumbre sobre la vida. México es más como los Balcanes en la partición de Yugoslavia, donde cruzando la frontera de los Cascos Azules de la ONU, todo era como en las zonas calientes mexicanas: posibilidades de ejecución sumaria, desapariciones, violencia dentro de las ciudades y el sólo orden de quien tenía las armas para decidir quién vivía y quién moría. Aquí, los periodistas se han convertido, como en otros conflictos en el mundo, en objetivos y daños colaterales. Igual que miles de mexicanos, hay que decirlo, atrapados también en este clima que mata.

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