La Madre Tierra y los Derechos de la Naturaleza

Nueva York, NY. En ocasión del Día Internacional de la Madre Tierra, la Asamblea General de la ONU, por medio de la presidencia de este organismo internacional, convocó el pasado viernes a un grupo interdisciplinario de expertos para analizar el estado actual que guardan los derechos de la naturaleza y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, como parte de las metas que se ha fijado la comunidad internacional, con el fin de abatir diversas calamidades que inhiben la universalidad y materialización de los derechos humanos.

En lo referente a las metas para alcanzar mejores niveles de bienestar por medio de un medio ambiente sustentable y más protegido, han surgido nuevas aproximaciones con nuevas propuestas sobre el tema. La más reciente y que empieza por ser adoptada como parte del Derecho nacional de distintos países, es la que se conoce como derechos de la naturaleza, que nada tiene que ver con los derechos de protección y preservación del medio ambiente.

La también conocida como Jurisprudencia de la Tierra es una corriente innovadora que impulsa un nuevo paradigma sobre los derechos de todo ser viviente. En principio, modifica la inercia antropocéntrica de la ley, para reconocer y garantizar derechos de protección y preservación de cualquier ecosistema. Es un cambio muy importante, dado que anteriormente se creaban leyes pensando únicamente en el derecho de las personas, pero nunca se pensó en los derechos de la Madre Tierra, de todo elemento que forma parte de un ecosistema, que da vida y permite que haya vida para otros.

La falta de conciencia, así como la ambición desmedida por las utilidades económicas, han degradado múltiples ecosistemas en el mundo, a tal grado que ya suenan alarmas de riesgo por haber creado un estado irreversible en materia ambiental. Claramente, es un tema que está íntimamente vinculado con los derechos humanos, dado que si no contamos con el medio propicio para vivir, difícilmente podremos contar con otros derechos que hemos integrado a nuestras vidas como parte de nuestra civilización y como una aspiración colectiva.

No obstante que hay cerca de 25 tratados internacionales en la materia, los avances más notables se han registrado en el ámbito local de cada país. En Alemania se incluyó con rango constitucional una nueva disposición en la cual el Estado se obliga a proteger toda forma de vida. En Nueva Zelanda, se han aprobado diversas leyes en donde la premisa fundamental es la sustentabilidad, antes que las ganancias económicas cuando está de por medio la protección ambiental. En fechas muy recientes incluso se aprobó una nueva ley en donde se le otorga personalidad jurídica al río Whanganui para que pueda ser defendido judicialmente por cualquier persona.

También en la India, recientemente, su Corte de Justicia le reconoció personalidad jurídica al río Ganges y al río Yamuna, a la montaña del Himalaya y, de manera precisa, reconoció a estos derechos como fundamentales y, en consecuencia, como parte del derecho nacional. En Latinoamérica, Bolivia y Ecuador tienen legislación similar, pero aún falta ver cómo se lleva a cabo su implementación.
En México, aunque no lo crean, también contamos con una base legal mínima en la materia, que puede crecer con el tiempo para bien. Se encuentra en la nueva Constitución de la CDMX, y nació como producto del esfuerzo de la sociedad civil organizada y no de Gobierno o partido político alguno. Me consta, porque tuve la oportunidad de redactar dicha disposición ante la petición de diversos grupos sociales en favor del medio ambiente.

Probablemente no se acabe el mundo en 2030, pero si no impulsamos legislación de esta magnitud y contenido, no vamos a entregar un mundo mejor del que recibimos de nuestros padres y de la Madre Tierra. Es un compromiso mínimo que debemos hacer nuestro para mejorar el entorno de vida de nuestros hijos y de todo ser viviente.