Michoacán, la otra guerra

En Michoacán hay una rectificación fundamental en la política de seguridad pública. Este lunes llegaron a Morelia 300 elementos de la Gendarmería y la Policía Militar para oficialmente hacerse cargo de la seguridad. Este contingente, sin embargo, es mucho más que eso. A partir de Morelia iniciarán la recuperación de los territorios que desde enero de 2013 se le dejaron al crimen organizado. Tres años y medio después de haber pactado implícitamente el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con el Cártel Jalisco Nueva Generación la “limpieza” de Los Caballeros Templarios, este giro radical en la estrategia, aunque tardío, es saludable. Empezará la corrección del Estado Mexicano que negoció con un cártel para combatir a otro cártel, sin tomar en cuenta sus implicaciones legales y políticas.

Se necesitó que saliera el PRI del poder y llegara un gobernador de oposición, Silvano Aureoles del PRD, para que se modificara la estrategia. Aureoles dijo al asumir la gubernatura que iba a desarmar a los grupos de autodefensa civil que con el apoyo del gobierno federal usurparon la seguridad en comunidades de cuando menos 44 municipios. Estos grupos, compuestos por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, Templarios renegados y ciudadanos desesperados por la violencia de los criminales, doblegaron a los alcaldes con fusiles reglamentarios del Ejército M-16 y R-15, y AK-47, conocidos como “cuernos de chivo”, que utilizan los cárteles de las drogas, respaldados por la Policía Federal y el Ejército.

La llegada de un nuevo contingente federal a Morelia muestra al Estado Mexicano preparándose para otra guerra contra el narcotráfico. La Gendarmería llegó con dos tipos de unidades. Una se hará cargo de inteligencia e investigación para abatir delitos como el robo y la extorsión, mientras que otra, una táctica operativa altamente entrenada y equipada, responderá cualquier amenaza de los criminales y evitará, de acuerdo con el diseño de la operación, que los cárteles vuelvan a arrebatarles territorios y controlar municipios. La Policía Militar hará la vigilancia en las calles de Morelia.

La nueva guerra contra el Cártel Jalisco Nueva Generación no se dará en Morelia, pero la capital será la base de operaciones para el despliegue y, eventualmente, de ser necesaria, la escalada. El gobernador Aureoles, aunque cuidadoso, dijo que esa organización que nació de la mano de Joaquín “El Chapo” Guzmán para apoderarse del mercado en Jalisco tras la muerte de Ignacio Coronel, el jefe de la plaza del Cártel del Pacífico, y extenderse a Michoacán, “merodea” en el estado –lo cierto es que tienen ahí bases de entrenamiento y laboratorios de drogas sintéticas-, a la vez que, afirmó, existen aún 12 células activas de Los Caballeros Templarios.

La operación federal contra esos grupos tiene como subtexto el desmantelamiento de los grupos de autodefensa civil, un fenómeno paramilitar que surgió en la coyuntura del cambio de gobierno y la llegada a la Presidencia de Peña Nieto, que arrancó su administración con la política de dejar de combatir a los cárteles porque creía, argumento equivocado, que eso reduciría la violencia. Liberar a los cárteles de la presión federal produjo en algunas zonas del país, como en Tierra Caliente michoacana, el nacimiento de paramilitares, formados por ciudadanos auténticamente desesperados por la violencia templaria, acompañados por los grupos afines al Cártel Jalisco Nueva Generación. No fue casual que el nacimiento de los paramilitares se diera en los municipios de Buenavista Tomatlán y Tepalcaltepec, donde el grupo respaldado por “El Chapo” Guzmán era responsable del traslado de los precursores de metanfetaminas hacia los superlaboratorios en Jalisco. Algunos de sus fundadores también habían sido capturados en el gobierno de Felipe Calderón por delitos federales y marcados por el Ejército como narcotraficantes.

El gobierno del presidente Peña Nieto ignoró las advertencias para no combatir a criminales con criminales, y les permitió operar en territorios donde los narcotraficantes eran la autoridad. Era tan abierta esa política que en octubre del año pasado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que el gobierno federal mantenía un diálogo con esos grupos y protegía a uno de sus líderes, el doctor José Manuel Mireles –hoy preso- porque se enfrentaba a Los Caballeros Templarios. Con esa postura, el gobierno federal reconocía haber claudicado a su responsabilidad de proveer seguridad a todos los ciudadanos, y que está dispuesto a asociarse con delincuentes.

Violaba, por tanto, el artículo 17 constitucional que establece que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, y la Ley de Armas de Fuego y Explosivos que prohíbe la portación de pertrechos militares.

La rectificación en Morelia es un giro hacia atrás de la sistemática violación al Estado de Derecho que hacía el gobierno federal desde enero de 2013, pero no será fácil. La fallida estrategia redujo significativamente la presencia y operación de Los Caballeros Templarios, pero sus negocios de droga, protección y extorsión, se trasladaron a los grupos de autodefensa civil amparados por el Cártel Jalisco Nueva Generación. La política del presidente Peña Nieto liquidó un cártel mediante el fortalecimiento de otro, que se ha convertido el más violento, inestable y peligroso para el Estado Mexicano. Es dialéctico rectificar, como lo está haciendo ahora, aunque haya perdido tanto tiempo en la colusión informal con ese cártel y alargado la restauración de la paz y la seguridad en Michoacán, que era lo que inicialmente prometía buscar.

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