No hay balas de plata…

Y tampoco hay estacas de madera, pociones mágicas, atajos o soluciones fáciles. La decisión que previsiblemente habrá de tomar hoy la Suprema Corte de Justicia en materia de despenalización del uso recreativo y medicinal de la marihuana podría abrir un debate crucial en México encaminado a si debe (posición que yo apoyo) o no legalizarse y sobre cómo deben Estado y sociedad confrontar el flagelo de las drogas ilícitas y el crimen organizado. 

También tendrá implicaciones para nuestras posiciones de política exterior tanto en foros multilaterales como en el contexto de relaciones bilaterales clave como la que mantenemos con Estados Unidos. Es un debate que había tardado demasiado en darse. Me cuesta trabajo identificar otra política pública global que a lo largo de las pasadas cuatro décadas haya demostrado un fracaso tan estrepitoso como lo ha sido la política de prohibición de la marihuana, o que haya sido instrumentada para un fin tan fútil. Los costos —medidos en términos de población carcelaria y dislocación social, impacto para los sistemas de salud y seguridad social, despliegue de los esfuerzos de erradicación, seguridad pública y procuración de justicia, o de la musculatura del crimen organizado, local y trasnacional— son apabullantes. 

Sin embargo, no debemos entrarle al análisis y debate de la despenalización de marihuana con anteojeras. De arranque, uno de los problemas fundamentales que enfrentamos es que en México existen pocos datos duros para arropar este debate y las decisiones que se deberían estar tomando en materia de política pública: la recolección y publicación de datos epidemiológicos, del número de consumidores perniciosos o de disponibilidad, precio y pureza de drogas es notoriamente insuficiente y esporádica. Por ello, la gran mayoría de quienes escriben o cabildean a favor o en contra de esta medida lo hacen sin datos suficientes y, en el mejor de los casos, de manera empírica. Pero el problema central radica en el argumento tanto de promotores de la legalización de marihuana en EU como de algunos de los que la impulsan en nuestro país, postulando que hacerlo reduciría niveles de violencia y elevaría la seguridad humana en México. 
Esa tesis encierra una contradicción central. Sí, es probable que para un país como el nuestro, su despenalización y eventual legalización efectivamente cortaría rentas (aunque no está claro en cuánto) al crimen organizado operando en territorio nacional y que disminuirían en parte la corrupción en las policías que persiguen a quien la adquiere y consume o la violencia vinculada con el narcomenudeo en las calles de ciudades mexicanas y el riesgo en el que incurren consumidores al comprarla. También ayudaría a que el gobierno mexicano priorice esfuerzos y recursos en combatir a los grupos criminales más violentos y a drogas más perniciosas. Pero pensar que la legalización por sí sola terminaría con la inseguridad o trastocaría de raíz al crimen organizado trasnacional es como fumar demasiado del producto que se busca despenalizar. El problema de fondo del crimen, la inseguridad y la violencia en México es ante todo uno de Estado de derecho e imperio de la ley. Si no se fortalecen sustancialmente en paralelo a la legalización de la marihuana, lo único que ésta logrará es desplazar la actividad criminal hacia otras sustancias o rubros ilícitos, como ya ha ocurrido con aumentos en el cultivo de amapola y producción de heroína, o con respecto a otras actividades ilícitas como la extorsión y el secuestro, el tráfico de personas o la venta de productos ‘pirata’. El crimen organizado es como cualquier negocio; busca la integración vertical de sus cadenas productivas, emprendiendo ‘fusiones y adquisiciones’ y ‘ofertas públicas de adquisición hostil’. Si sus rentas por la venta de sustancia ilícitas disminuyen, los criminales buscarán otras actividades ilícitas, particularmente si el Estado y sus instituciones no tienen la fortaleza para combatirlos, enjuiciarlos y mantenerlos en prisión. Despenalizar o legalizar sin que en paralelo se modernice el Estado de derecho es extender de facto el horizonte de oportunidad y rentabilidad para el crimen organizado. 

Amén de la imperiosa necesidad de ir fortaleciendo de raíz nuestro sistema de procuración de justicia, garantizar que nuestro sistema penitenciario funcione, de transitar hacia un modelo de prevención y mitigación del daño donde el consumo de drogas ilícitas sea concebido como uno de salud pública, o del tremendo reto de reconstruir un contrato social reventado en México, yendo hacia adelante no podemos resolver problemas que hemos creado con las mismas recetas que usamos en primera instancia al crearlos. La Suprema Corte tiene hoy la oportunidad de empezar a dar un primer golpe de timón. 

Twitter: @Arturo_Sarukhan