De acuerdo con información difundida por el presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, Jesús Homero Flores Mier, los partidos políticos que operan en la entidad continúan constituyendo uno de los principales diques al avance de la transparencia.

La noticia no extraña, desde luego, pues si algo demostró el proceso electoral que acabamos de vivir en la entidad es que los integrantes de nuestra clase política son refractarios a la transparencia. El dato se publicó en las páginas de VANGUARDIA pero habríamos de no olvidarlo: 70 por ciento de quienes se postularon a un cargo de elección popular decidieron no hacer pública su declaración “3 de 3”.

Frente a este dato, nada de inusual tiene que, de acuerdo con la información del ICAI, sólo media docena de los 15 partidos políticos que operan en Coahuila hayan cumplido a la fecha con la obligación de subir su información a la Plataforma Nacional de Transparencia.

Es cierto que el plazo original para cumplir con esta obligación –mismo que venció el 6 de mayo pasado– fue ampliado hasta el mes de agosto, pero este hecho no justifica en lo más mínimo que los partidos dejen de publicar la información que la ley le ordena poner a disposición de los ciudadanos.

De hecho, el cumplir sin necesidad de que se usen mecanismos coercitivos por parte de la autoridad demuestra quién está a favor y quién en contra de la transparencia y el acceso a la información pública.

Los dirigentes y candidatos de los distintos partidos políticos suelen ser rápidos en la crítica y, por los menos en el discurso, “apasionados” defensores del cumplimiento de la norma, sobre todo cuando se trata de transparentar el uso de recursos públicos.

El problema es que, según se ve, la pasión y la convicción se les acaba en cuanto son ellos mismos quienes deben someterse a la norma y cumplir con los extremos de la misma.

Lo peor de todo es que, según se desprende de lo informado por el ICAI, algunos partidos políticos podrían mantener su “resistencia” a la transparencia hasta el momento mismo de su extinción.

En efecto, de acuerdo con los resultados de la jornada comicial del pasado 4 de junio, al menos cinco partidos políticos con registro estatal dejarán de existir debido a que no lograron alcanzar el umbral mínimo de 3 por ciento de la votación válida emitida en el estado para conservar el acceso a las prerrogativas.

Y aunque el hecho de que vayan a desaparecer no les libera de responsabilidad, muy probablemente sus dirigentes así lo tomen y se resistan a transparentar el uso que le dan a los recursos públicos que se les entregan, pues existe una alta probabilidad de que la pérdida de registro se consume antes de que venza la prórroga otorgada para subir su información a la Plataforma.

Valdría la pena que el ICAI tenga en cuenta esta circunstancia y analice la posibilidad de hacer algo para evitar lo que, de consumarse, constituiría una burla para los ciudadanos.