¿Por qué no coopera la Diócesis de Saltillo?

La Procuraduría General de Justicia de Coahuila citó ayer al obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, a rendir declaración en el proceso que por presuntos actos de pederastia, cometidos por sacerdotes adscritos a dicha Diócesis, se abrió en 2014 a propósito de la denuncia pública realizada, en una homilía, por el propio Raúl Vera.

Sin embargo, de acuerdo con un comunicado emitido por la Diócesis que encabeza, Vera López decidió enviar en su representación a cuatro abogados amparándose en el hecho de que el inicio de las festividades religiosas del Santo Cristo le impedían atender el llamado de la Procuraduría.

Por otra parte, en el comunicado emitido por la Diócesis se señala expresamente que la instancia eclesiástica “no ha recibido ninguna acusación sobre delitos sexuales en contra de sus miembros” lo que podría implicar una retractación pública de las denuncias realizadas por el Obispo.

Sin embargo, en el mismo párrafo en el cual se afirma la inexistencia de “denuncias” el comunicado reconoce la existencia de algunos “procesos” —que no especifica—, mismos que habrían sido “llevados al Vaticano”, razón por la cual la Iglesia los consideraría “concluidos”.

Adicionalmente, el comunicado da a entender que el citatorio recibido por Raúl Vera tendría implicaciones políticas pues se registra “en un contexto político y social que incluyen las incertidumbres y confusiones del pasado proceso electoral en el Estado de Coahuila, el incremento en el índice de la violencia en diferentes municipios, las represalias contra trabajadores mineros, el hallazgo de cuerpos con signos de tortura y sin duda, tanto el informe que de Coahuila se ofreció en la CPI, como el proceso electoral del próximo 2018”.

La redacción, sin embargo, es ambigua y no concreta ninguna afirmación puntual en este sentido. Pese a ello, contiene expresiones claras que parecieran ubicar a Raúl Vera en el papel de alguien que está “sufriendo represalias” por su activismo en materia de derechos humanos.

Valdría la pena que la Diócesis de Saltillo fuera clara en este sentido y, en todo caso, echara mano de los instrumentos legales a su alcance para defender los derechos de quien la encabeza pues, en caso de que estén siendo vulnerados, se trataría de un hecho absolutamente inadmisible.

Paralelamente, sin embargo, tendría que explicarse puntualmente las razones por las cuales, luego de haber denunciado públicamente un delito, el obispo Vera se niega ahora a cooperar con las autoridades a fin de que el caso se investigue, se persiga eventualmente a los culpables y, en todo caso se les someta a juicio en caso de encontrar evidencias suficientes para ello.

Porque independientemente de la postura que al respecto tenga la iglesia católica y su jerarquía, si se cometieron delitos en contra de menores de edad el Estado tiene la obligación de investigarlos y de imponer, en su caso, las sanciones a las que hubiera lugar. No hacerlo sería contribuir a la preservación del clima de impunidad que todos queremos erradicar.

Valdría la pena que la Diócesis de Saltillo fuera clara y echara mano de los instrumentos legales a su alcance para