¿Tendremos un verdadero Fiscal Anticorrupción?

El Poder Legislativo de Coahuila expidió ayer la convocatoria para que quienes cumplan los requisitos y estén interesados en el cargo se postulen –por sí mismos, o a través de una institución educativa o de la sociedad civil– para participar en el proceso de selección del Fiscal Anticorrupción de nuestra entidad.

El propósito del proceso es seleccionar a quien, al menos en teoría, se encargará de perseguir las conductas relacionadas con la corrupción gubernamental. O, si se prefiere, lo que se busca es a la persona que “garantizará” que la corrupción por fin sea combatida de verdad y eventualmente castigada en nuestra entidad.

El proceso arranca, como no podía ser de otra forma, signado por el escepticismo y la desconfianza. Pocas expectativas reales se depositan en los integrantes de un poder público que históricamente se ha dedicado a velar por sus intereses de grupo o de partido antes que por los de la ciudadanía.

Y no se trata solamente del grupo mayoritario, sino de todas las fuerzas políticas, pues, con independencia del color con el cual se vistan, nuestros representantes populares se especializan en despreciar los reclamos colectivos y las demandas fundamentales de una sociedad harta de la corrupción.

La mejor prueba de que no hay verdadera voluntad para combatir la corrupción en ningún partido es que las principales fuerzas políticas se han alternado en el poder en la Presidencia de la República, los gobiernos estatales y las principales ciudades del País, y no existe un sólo ejemplo, a nivel nacional, que sirva de modelo de combate a la corrupción.

Así pues, lo que resulta obligado preguntarles a los 25 integrantes del Poder Legislativo local es: ¿qué piensan hacer diferente en este proceso de selección para que al final los ciudadanos contemos con una institución que realmente le ponga cara a la corrupción?

¿En verdad piensan nuestras legisladoras y nuestros legisladores hacer algo concreto para que la Fiscalía Estatal Anticorrupción sea, una vez integrada y puesta en operación, algo más que un objeto decorativo en la ya de por sí abultada estructura gubernamental?

Con independencia del nombre de quien ocupe la Fiscalía, ¿cuáles son los resultados concretos que los ciudadanos podemos esperar de esta nueva institución? ¿En cuánto tiempo se piensa recobrar la confianza ciudadana perdida a partir de la galopante corrupción que caracteriza al sector público?

Tela hay de donde cortar, y de sobra. Ejemplos de funcionarios corruptos los hay en todos los partidos políticos. Todas las administraciones municipales de la entidad, así como el Gobierno del Estado, tienen en sus filas individuos que han sido señalados por haber cometido actos mediante los cuales, se presume, obtuvieron beneficios ilegales.

Nunca se ha requerido una “fiscalía especial” para combatir la corrupción. No hacía falta crearla para perseguir y castigar a los corruptos. Pero ya que nuestros políticos lo han hecho, deberían decirnos, sin ambigüedades, en cuánto tiempo los ciudadanos vamos a ver resultados concretos y no sólo seguiremos escuchando discursos huecos.