Titular de Sedesol es un funcionario "pobre" según su declaración patrimonial

Ciudad de México.- En sentido figurado, Luis Enrique Miranda Nava, nuevo encargado de combatir la pobreza en México, es un funcionario “pobre”. Su declaración patrimonial –el máximo documento del patrimonio de un servidor público – no presenta casas, ni automóviles, ningún ahorro en cuentas bancarias ni ninguna otra inversión. Se reduce al currículum profesional y académico del funcionario que incluye la Licenciatura en Derecho por la Universidad Isidro Fabela, cuya cédula profesional obtuvo en 2011.

Luis Enrique Miranda Nava no mencionó posibles conflictos de interés, en la primera, segunda y tercera declaración, presentadas entre 2013 y 2015. Luego, el 27 de mayo de 2016, el funcionario publicó un nuevo documento en el que dijo que no tenía posibles conflictos de interés. Dos días después, el 29, volvió a presentar la declaración y suscribió que no quería hacer público este renglón.

Este medio digital pudo comprobar en el Colegio de Notarios del Estado de México que su padre, Luis Miranda Cardozo ocupa la Notaría Pública 166 en esa entidad, la cual fue creada en 2011, el último año de Enrique Peña Nieto en el Gobierno del Estado, según consta en la Gaceta de Gobierno de esa entidad. Se trata de un dato que Miranda Nava pudo decir o no ante la Secretaría de la Función Pública. El formato de la declaración patrimonial en México, regida por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no es tan estricto para exigir la actividad profesional y empresarial de los parientes en línea ascendente.

En 2015, organizaciones civiles y no gubernamentales presentaron en el Congreso de la Unión la iniciativa 3de3 que implicaba una declaración patrimonial exhaustiva de intereses; es decir, los nombres de parientes, amigos o familiares con los que no se pudiera, en el futuro, entablar relaciones contractuales. Pero el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en plena vorágine por el escándalo “casa blanca”, respondió con la puesta en marcha de “ocho acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar posibles conflictos de interés”.

Así, el renglón para “posibles conflictos de interés” en el formato de la declaración patrimonial quedó a expensas de la voluntad del funcionario público.

Según la recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre lineamientos para manejar los conflictos de interés en el servicio público, el conflicto de interés implica una discrepancia entre el deber público y el interés privado de un servidor público, cuando su interés personal puede influir de manera negativa en el ejercicio del servicio público y las responsabilidades que le son inherentes,

Para Eduardo Bohorquez, Director de la organización Transparencia Mexicana -una de las impulsoras 3de3- piensa que la aportación del dato omitido por Miranda Nava habría contribuido con el ejercicio de la declaración patrimonial de una manera ejemplar.

De diciembre de 2012 cuando fue nombrado Subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación hasta el día de su remoción el pasado 7 de septiembre, Miranda Nava ganó un sueldo bruto de 199 mil 591.47 pesos al mes; es decir, en los 45 meses que ocupó ese cargo percibió ocho millones 981 mil 616 pesos con 15 centavos.

Pese a la percepción, Miranda Nava presentó el 27 de mayo de 2016 una declaración ante la Secretaría de la Función Pública en la que publicó sólo su currículum escolar y laboral. Al final, suscribió la frase: “El servidor público no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”.