Trata de personas: es urgente combatirla
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¿Cómo es posible que hoy se registren en Coahuila casos de explotación de seres humanos? ¿Qué se puede hacer para erradicarla?
De acuerdo con el informe titulado “Una mirada de las organizaciones civiles de la sociedad civil a la trata de personas en México”, elaborado por la organización Hispanics in Philantropy, los municipios coahuilenses de Saltillo y Piedras Negras figurarían entre las 94 localidades mexicanas identificadas como “zonas de enganche” para la trata de personas.
El estudio, elaborado con la participación de unas 70 organizaciones locales, fue revelado por el Senado de la República y en éste se daría cuenta de la existencia de casi una veintena de “rutas de trata”, en el territorio nacional, mismas que inician en las denominadas “zonas de enganche” y que se distribuyen por todo el País.
Las víctimas potenciales, en el norte de México, serían integrantes de las comunidades indígenas, población migrante internacional, población de la comunidad lésbico-gay, mujeres niñas, adolescentes y adultas; hombres niños, adolescentes y adultos, así como población con discapacidad.
El panorama que se dibuja, a partir de los hechos documentados en el informe, no es nada halagüeño, pues nos habla de una realidad inadmisible en pleno Siglo 21 y en un País que aspira a ser considerado una democracia.
La pregunta obligada es, ¿cómo es posible que hoy día se registren en Coahuila, entre nosotros, casos de explotación de seres humanos que implican obligarles a prostituirse, trabajar de manera forzosa para el crimen organizado o realizar trabajo no remunerado en diversas actividades “lícitas”?
La respuesta es bastante simple: porque las instituciones públicas responsables de garantizar el pleno disfrute de sus derechos a cada individuo en lo particular, simple y sencillamente no están realizando su trabajo o lo están haciendo con severas deficiencias.
Pero no es solamente eso: también puede ocurrir que los ciudadanos no estemos haciendo nuestra parte, denunciando la existencia de focos “sospechosos” de estar incurriendo en prácticas de trata de personas y ello permita a quienes se benefician de esta ilícita actividad habitar uno de los muchos islotes de impunidad que existen en nuestras comunidades.
Las organizaciones civiles que se dedican a la documentación y denuncia de la trata de personas señalan, adicionalmente, la inadmisible ausencia de interés, por parte de nuestros legisladores federales, para modernizar el marco jurídico que permita un combate más eficaz a dicha actividad.
Se trata de una realidad absolutamente intolerable. Ni Coahuila, ni ninguna otra entidad de la República, debe ser identificada como parte de las redes de corrupción que esclavizan a seres humanos y les imponen un modo de vida que cancela sus posibilidades personales para crecer y desarrollarse como individuos libres.
Estamos hablando de algunos de los crímenes más atroces que puedan registrarse en nuestras comunidades y
todos deberíamos encender los focos de alerta frente a tal realidad, así como disponernos a realizar todo aquello que esté a nuestro alcance para contribuir a su erradicación.