Venezuela: resiliencia periodística ante el control informativo

La situación económica, social y política en Venezuela es, por decir lo menos, crítica. Desde 2014, el país atraviesa por una crisis económica producida por la caída de los precios del petróleo y la mala gestión del gobierno. Existe un profundo descontento social resultado de la exigencia generalizada de un cambio en la administración.

Hasta el 11 de agosto, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha contabilizado 676 presos políticos, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU estima que 5 mil personas han sido detenidas arbitrariamente y al menos 120 han muerto. Frente a esto, el gobierno trata de recuperar el control político a través de la creación de una Asamblea Constituyente, la cual posee facultades que podrían reforzar la concentración de 
poder y debilitar a la disidencia y a la oposición. 

En este contexto, el gobierno ejerce un control de la información cada vez más férreo a través de diversos mecanismos. Si bien el periodismo independiente subsiste en este entorno hostil a base de solidaridad, innovación y resiliencia, existe una profunda inquietud ante los recientes acontecimientos políticos de que la libertad de informar se vea aún más coartada.

El régimen de control informativo venezolano

De acuerdo con el el Ranking Mundial de la Libertad de Prensa 2017 de Reporteros Sin Fronteras, la república bolivariana ocupó el lugar 137, de entre 180 países evaluados. Desde las sanciones judiciales, pasando por la compra de medios e incluso agresiones físicas, la libertad de prensa en Venezuela se ha visto atacada desde diferentes frentes. 

Miguel Henrique Otero, presidente del diario El Nacional, ha conocido de cerca estos artilugios. Lleva dos años y medio en el exilio debido a un proceso iniciado en su contra por un tribunal penal. Tanto él como la directiva del periódico y el consejo editorial, han vivido los embates del aparato judicial por replicar un reportaje publicado por el diario español ABC en agosto de 2015, donde el líder chavista Diosdado Cabello era vinculado con el narcotráfico.

“La censura ha cambiado desde la época de las dictaduras bananeras y se ha vuelto más sofisticada. Antes la censura era previa. Ellos [el régimen de Maduro] no van por la censura previa, sino por el castigo posterior, o sea la retaliación contra el medio”, evidencia Otero.

El uso de la justicia de forma arbitraria e imparcial forma parte de la estrategia del gobierno para intimidar a las voces disidentes, y así promover la auto-censura entre los medios independientes. La amenaza de ser perseguidos por un aparato judicial en manos del gobierno,  opera como una eficaz vía de control.

A esto se suman los mecanismos legislativos para controlar y amedrentar a la prensa. Desde 2010, la radio y la televisión en Venezuela se encuentran amenazadas por la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, mejor conocida como Ley de RESORTE, que declara a los medios como de “interés público” y los somete a controles y regulaciones estatales arbitrarios e intimidatorios. 

El gobierno cuenta, además, con un sistema de medios estatales y propagandísticos apoyado por empresas mediáticas privadas afines. “Desde que llegó Nicolás Maduro se instauró la compra de medios privados con capitales privados también, pero cercanos al gobierno. Entre 2013 y 2014 estos capitales ‘misteriosos’ y de procedencia desconocida comenzaron a actuar. Globovisión, por ejemplo, solía ser la bestia negra del chavismo y en 2013 cambió su línea editorial radicalmente”, comenta Ewald Scharfenberg, corresponsal del diario español El País y co-fundador del portal Armando.info.

Por si fuera poco, el gobierno controla la importación de papel en el país, por lo tanto éste decide cuánto vende y a quién, reforzando el control institucional de la prensa escrita. Los medios afines reciben papel subsidiado o apoyos en dólares, mientras que los opositores reciben precios que retan sus posibilidades económicas. 

Hay diarios que no acceden a ninguna de las opciones, tal es el caso de El Nacional: “A nosotros ni dólares, ni venta de papel. Podríamos comprarlo con dólar libre (o negro), pero eso hace que el periódico no sea competitivo”, comenta Otero. El Nacional redujo su paginación y tiraje, y se mantiene en circulación gracias a que otros periódicos de la región como El Universal de México o La Nación de Argentina le envían papel. “Es una empresa que no produce ganancias, estamos en modo de supervivencia”, concluye.

A lo anterior se suman las crecientes agresiones contra la prensa. Según datos de la ONG venezolana Espacio Público, entre el primero de abril y el 15 de julio de este año se documentaron 554 ataques, entre intimidaciones, amenazas y restricciones administrativas. Los reporteros y periodistas gráficos han sufrido la mayor cantidad de ataques, con 264 y 98, respectivamente. Sólo en abril, fueron detenidos 18 trabajadores de la prensa y 125 fueron agredidos. 

Además, el #30Jul, día de votación de la Constituyente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), documentó al menos 10 hechos violatorios de la libertad de expresión y de acceso a la información. 15 trabajadores de la prensa fueron afectados por agresiones o robos durante la cobertura y cuando menos cinco resultaron heridos. 

Como afirma Scharfenberg, a pesar de que los mecanismos de censura son en muchas ocasiones sutiles, vienen con toda la fuerza del engranaje estatal. Pero esto no exime su gravedad: “El silencio se consigue de otra manera, con formas sutiles y sofisticadas que procuran conseguir el mismo silencio en el gremio que la violencia que constata un asesinato en lugares como México”, apunta el reportero internacional.

Con la información de blog.wan-ifra.org

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