Gabriela de León entregó el PREP Coahuila a una corredora de bienes raíces y un prestanombres cubano

Luego de dar a conocer que en la anterior administración, el Instituto Electoral de Coahuila, contrató con irregularidades el servicio y desarrollo del PREP, el actual presidente del órgano electoral agregó que además hubo contrataciones a personas que, según su perfil, se dedicaban a cosas ajenas a la tarea para la que se destinaron al menos 15 millones de pesos.

Fue este miércoles cuando Rodrigo Paredes Lozano informó que durante la última administración del órgano encabezado por Gabriela de León, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), no fue contratado a través de una licitación, sino que se realizaron una serie de ajustes para que el servicio se pagara desde los gastos del Instituto, aún cuando podía haber un presupuesto para ello.

Sin embargo, las primeras irregularidades que fueron encontradas para turnar el caso a la Contraloría Interna, partieron desde que fue identificado que la contratación no se hizo a una empresa certificada, sino a personas individuales que eran supuestas expertas en el tema.

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De acuerdo con Paredes Lozano, para el desarrollo del software del Programa se realizó la contratación de servicios profesionales a cinco personas que supuestamente se dedicaban a la tarea informática, pero entre las personas había perfiles que no se adecuaban a las tareas que se les encomendaban.

“Uno de ellos era una mujer quien era ejecutiva de Bienes Raíces y que no tenía nada que ver con la profesión informática. Además, entre estos cinco programadores había un extranjero con residencia ilegal en el país y su esposa prestó su nombre para poder cobrar. De entrada eso representa una irregularidad”, detalló Rodrigo.

Sobre el tema, Rodrigo Paredes señaló que en la contratación se establecía que entre las cinco personas desarrollarían el Programa y que eso podría quedarse en el Instituto al ser el de la propiedad intelectual, pero el área de informática actual señaló que el software no estaba en los archivos del Instituto para ser operado nuevamente, pues éste había estado dentro de un servidor que se contrató y que cuando se acabó el contrato se lo llevaron.

“Contactamos a los desarrolladores y les mostramos el contrato donde señalamos que la propiedad intelectual es del Instituto, y nos dijeron que si querían nos lo podrían dar, pero no sabemos en qué lenguaje está, no tenemos claves de acceso, contraseñas, manuales y todo para operar”, informó.

Además de contratar a los desarrolladores, Rodrigo dice que hubo otra serie de gastos que se generaron para operar, como la compra de celulares, que tampoco fueron encontrados.

“Fue un esquema de distribución de gastos para no licitar; contrataron a los desarrolladores, a 200 capturistas, 200 laptops, mil celulares –que eso eran cuatro millones de pesos-. Todo lo hicieron de manera individual para no licitar los gastos del PREP”, señaló.

En ese sentido, Paredes Lozano dijo que este esquema de PREP fue empleado en por lo menos las dos últimas elecciones, cuando Coahuila tuvo la disputa electoral del Congreso del Estado y de las 38 alcaldías de la entidad.

“Y los contratos a ellos les permitían renunciar días antes o el día de la elección. La otra situación es la seguridad; ellos no se presentaron a laborar en el Instituto, no sabemos desde donde operaban; se enlazaban vía remota con el peligro de que con un clic el PREP se caiga o el resultado se manipule”, expresó.

El consejero presidente agregó que ante estas observaciones el pasado diciembre se hizo de conocimiento al INE que no se podía seguir operando con el “PREP propio” del Instituto, sino que se implementaría ahora un plan de licitación en la que ya encontraron que además las empresas ofertan a más del doble el Programa, por lo cual no se entiende la razón de los precios anteriores.

Aunque sí hubo firmas por parte de la Consejera Presidenta del IEC y de la Secretaría Ejecutiva para estas contrataciones, Rodrigo Paredes dice que todavía se está definiendo cuáles serán las acciones legales que concluirá la contraloría interna para proceder y que todavía hay tiempo para ello de acuerdo con la Ley.