Vinculan por fraude a sampetrinos; dejan a uno en penal de Saltillo por sospecha de intercambio de apellidos

Este 1 de septiembre, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso a Jesús y Lorena “N”, al admitir que existen datos de prueba suficientes para investigar un posible delito de fraude operado contra un empresario en Saltillo por 67 millones de pesos.

De acuerdo con la teoría presentada por el Ministerio Público, este suceso ocurrió a raíz de una serie de contratos que la pareja sampetrina celebró en Saltillo a partir de febrero del 2017 desde una reunión en un importante restaurante al norte de la ciudad.

La mecánica de la inversión que los empresarios celebraron para el contrato, indicaba que a través de la empresa ACCBAG SA de CV -propiedad de la pareja-, el empresario saltillense invertiría equipo y montos líquidos que serían destinados a la presunta compraventa de hidrocarburos.

Las sospechas entraron una vez que los sampetrinos no respetaron el acuerdo de remunerar utilidades de cinco millones de pesos mensuales, además de que en medio de la investigación se acreditó que los contratos no existían directamente con las refinerías de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Cadereyta, Nuevo León y Madero, Tamaulipas.

Los contratos fueron celebrados de la siguiente manera: uno con la entrega de cinco millones de pesos, equipamiento y un vehículo pick-up con equivalencia total de 37 millones, y posteriormente otro contrato maestro por 30 millones de pesos sumando los 67 millones en total.

Una de las pruebas que también se presentaron para sumar datos al posible fraude, es que el acuerdo se salía de los parámetros de compra venta, pues al final la empresa lo habría utilizado para el tratamiento de residuos tóxicos de hidrocarburos -como se establece en su acta constitutiva-.

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Sobre el incumplimiento del contrato, la defensa de la pareja manifestó que este debate debía realizarse en una sala civil, puesto que sí tenían contratos donde se utilizaron los montos invertidos, pero en las oficinas de la Ciudad de México, aunque a lo largo de la temporalidad ACCBAG sí había celebrado otros contratos con las refinerías no solo de Cadereyta y Madero, sino de Minatitlán y de Salina Cruz.

Así también, la defensa entregó un dato donde el empresario saltillense recibió una remuneración de utilidades por 19 millones de pesos; sin embargo, esta fue entregada a lo largo de 15 meses desde entre mayo del 2017 y agosto del 2018; fecha para la cual, la suma ya habría superado la inversión si se hubiera acordado el contrato, y así, fue como el ministerio público acreditó el engaño para el delito de fraude y sacó el caso de la materia civil.

Esta denuncia, fue interpuesta por Ricardo Sergio Álvarez Cuéllar, hijo del titular del IMPLAN en Saltillo.

Aunque la defensa de los imputados presentó una serie se pruebas que pretendían que el proceso de Jesús “N” se llevara en libertad al igual que el de su esposa, el juez manifestó que el hecho de que Jesús habría cambiado sus apellidos en la celebración de contratos y a la hora de presentarse en la audiencia, así como al momento de rendir su declaración, era un motivo de sospecha que no lograba extraerlo de la prisión preventiva.

Por ello, decidió dejarlo en prisión preventiva en el Cereso de Saltillo y aprobó un plazo de cuatro meses de investigación complementaria para que el imputado pudiera proceder hacia el juicio, si es que el caso no se resuelve por otro medio con anticipación.

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Sin embargo, la defensa acreditó que el imputado tiene un padecimiento de leucemia por el cual debía atenderse médicamente de forma constante; pero el juez manifestó que hasta que no se acredite que la medida cautelar es un impedimento para que el imputado goce de su tratamiento, es que esta podría cambiarse a una prisión vigilada o presentación periódica.

Al respecto, la defensa también manifestó estar abierta a los mecanismos de solución de controversias para resolver el caso.