El club de las complicidades mutuas

En la semana de la Transparencia de septiembre de 2016, Enrique Peña Nieto, hablando de la corrupción en nuestro País, aludió al Evangelio de San Juan (8,7) donde Jesús increpa a la gente reunida con: “aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”; argüía a la idea de la corrupción generalizada, que fue creciendo desmesuradamente a lo largo de muchos años. El discurso ofendió a muchos, pues involucró a todos los mexicanos.

Por supuesto, era una falacia por generalización, pero no estaba muy alejado de la realidad. En ese momento, según Transparencia Internacional (2018), nos encontrábamos en el lugar 138, y aunque hoy estamos –en ese mismo índice– en el lugar 124, en materia de corrupción, impunidad y cultura de legalidad, ésta carcome, complica, desilusiona y ha traído grandes y graves consecuencias; particularmente la desconfianza en la clase que nos gobierna y a los servidores públicos en general.

Para que se dé una idea en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI, 2020), elaborada por el Instituto Nacional Electoral, se afirma que sólo el 30 por ciento de los mexicanos tiene confianza en otros ciudadanos, que el 63.8 por ciento tiene confianza en las Fuerzas Armadas seguidos de la Guardia Nacional con 60.5 por ciento y el Instituto Nacional Electoral (INE) con un 59.6 por ciento.

De manera general el 25.9 por ciento de la población manifestó tener confianza en las universidades, el 13.8 por ciento en los servidores públicos, el 7.7 por ciento en los empresarios, el 3.5 por ciento en los sindicatos y, como siempre desde hace tiempo, en quien menos se confía es en los partidos políticos con un 2.5 por ciento.

El porcentaje es tan bajo, en el caso de los partidos políticos, que da la impresión que ni ellos confían en sí mismos; vea los resultados de las elecciones. Una buena parte de lo que hoy representa el abstencionismo se debe a la desilusión que ellos han generado en la población por la forma en que muchos de sus miembros han traicionado la confianza de los electores y se han ido por la libre, sin que haya habido consecuencias. Es decir, impunidad a gran escala.

El desconocimiento de las leyes o el amplio conocimiento de las mismas
–según sea el caso–, la desconfianza en las instituciones, la pasividad ante las formas ordinarias que utiliza el estado para promover la justicia, el soborno a funcionarios públicos, el abuso de autoridad, el desvío de recursos públicos para programas sociales, la búsqueda intereses personales, de grupo o de partido; los problemas en la impartición de justicia, la deshonestidad, los pagos para la autorización de apertura de un negocio, el dinero que las empresas e individuos destinan a pagos de sobornos parecen ya una práctica habitual y ordinaria de muchos, además de nepotismo, tráfico de influencias y los conflictos de intereses, entre otras tantas prácticas, nos han traído enormes costos económicos y sociales.

Por supuesto, en todas las latitudes habrá quienes busquen el camino corto para beneficiarse. Hasta cierto punto, la ambición y la codicia son parte del paquete del que conforma al ser humano, pero también está la razonabilidad para entender que cuando se vulnera el contrato social se pone en riesgo toda una estructura que debe de garantizar el orden y el equilibrio.

El problema es que quienes representan la ley han sido los primeros en transgredirla, esto dio origen a la aparición del Club de las Complicidades Mutuas, al que muchos se suscribieron. En el Club se necesitan dos requisitos, el primero es la práctica de la ilegalidad y el segundo la cancelación de la práctica de la denuncia.

Es el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, que en esta semana, después de casi 16 meses de haber sido repatriado a México y con la promesa de informar lo que sabía sobre funcionarios de alto nivel que estaban coludidos en el caso Odebrecht, alargó a un año más el ejercicio de su libertad, compartiendo información inverosímil que no ha servido para fincar responsabilidades a personajes como CSG, FCH o EPN, entre otros.

¿Dieciséis meses tardó la Fiscalía General de la República (FGR) para entender que la cultura de la legalidad es un valor fundamental de la democracia? ¿Que lo que se dice y lo que se hace generan credibilidad o desilusión en la población? ¿Que la incongruencia abre grandes vacíos y complica la relación entre las personas y las instituciones poniendo en riesgo la democracia?

El cumplimiento y la aplicación de la ley garantizan la convivencia social. El incumplimiento y la evasión generan desorden y caos en cualquier sociedad. La ley sirve como criterios que orientan el actuar cotidiano de los ciudadanos y fomenta el respeto a la dignidad humana, a la libertad y a la igualdad; y lo más importante, las leyes son el garante del equilibrio social. Téngalo como seguro, la justicia llega tarde, pero llega. Pertenecer al club de las complicidades mutuas no le viene bien a nadie, algunos de sus miembros, deberían de poner sus barbas a remojar. Así las cosas.

fjesusb@tec.mx