¿Está en riesgo la ENAH? Crisis presupuestaria del INAH alerta a sus trabajadores

El pasado 29 de diciembre la Secretaría Administrativa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un oficio donde determinaba que “no deberá convocarse a laborar a ninguna persona que haya estado contratada como personal eventual al 31 de diciembre de 2021”. El documento puso en alerta a toda la institución, pues gran parte de sus operaciones se realizan gracias al personal eventual, pero fue la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), la que primero denunció la gravedad de la situación.

Hilario Topete Lara, director de la ENAH, fue quien a través de otro oficio se dirigió a Diego Prieto, director de INAH, expresó su preocupación sobre lo que está ocurriendo y desglosó lo que implicaría para la escuela la no recontratación de personal eventual.

Entre los puntos que expuso se encuentran afectaciones al proceso de respuesta y atención oportuna y expedita a los requerimientos federales de Transparencia; se paralizará el nuevo ingreso a licenciaturas; afectará la preparación de cursos de capacitación docente; se suspenderán los procesos de los estudiantes en el extranjero; no se podrán atender a cerca de 2 mil 500 alumnos que necesitan su correo institucional para acceder a sus clases a distancia ya que informática sólo quedaría con una persona de base y se retrasará el proceso de nómina y su pago del 10 de enero. También causará que se suspenda la validación de los registros de proyectos de investigación e implicará que no sea posible la conclusión del proceso y elaboración y validación de la planta docente semestre 2022-1. En resumen, se paralizaría la operación de la escuela.

Ante la situación, la comunidad de la institución se unió en protesta y convocó a diversas manifestaciones para exigir un alto a esta problemática. En respuesta, a través de Twitter, tanto Diego Prieto como Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de Presidencia de la República, aseguraron que “nadie será despedido; los eventuales que laboraron en 2021 serán recontratados”.

El INAH recalcó que el primer documento es un mecanismo de control del proceso de contratación del personal eventual apegado “al compromiso del Gobierno de México de trabajar bajo principios de austeridad” y que no implica recorte o despido de personal. Indica que el presupuesto para el INAH aprobado por la Cámara de Diputados es de 4 mil 11 millones de pesos, que representa un incremento de 93 millones de pesos con relación al presupuesto original autorizado para 2021.

Sin embargo, señaló que las trabajadoras y los trabajadores eventuales que laboraron en el año 2021, “cuyas funciones y tareas estén plenamente justificadas y apegadas a los encargos sociales del INAH”, serán recontratados este año.

A pesar de esta respuesta, la comunidad reiteró su postura, pues no es la primera ocasión que el funcionamiento del INAH se ve amenazado, como ha sucedido desde 2019. Aunado a ello, consideran que estas declaraciones no responden a sus demandas, y que siguen a la espera de una respuesta oficial por parte de Prieto.

Además, en un encuentro virtual que convocó a más de 900 personas, cuestionaron las acciones de Topete, pues es la primera vez que responde a favor de la escuela de manera tan pública, y especulan que podría deberse a que se encuentran en alguna clase de conflicto con el director del INAH.

En entrevista con El Universal, el investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, Bolfy Cottom, declaró que este acto “no es contra el INAH, es contra la ciencia y la cultura” y se pregunta “¿Por qué esta actuación deliberada, dolosa, con una interpretación de la ley que pasa por encima de las actividades sustantivas del Instituto, sin respetar los proyectos de presupuesto que cada unidad administrativa presentó, de acuerdo a sus necesidades y que, sin duda, vienen ya muy castigados porque este asunto empezó desde 2019”.

Recordó también que las afectaciones van más allá de INAH, de ahí que crea que es un atentado contra la cultura, pues también el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas está en riesgo de ser integrado al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, bajo el argumento de que este último cuenta con mejor infraestructura, a pesar de que el primero fue creado como parte de la Ley General de Derechos Lingüísticos, en pro de una visibilización de las comunidades indígenas a través de esta parte tan vulnerable de sus culturas.

Asimismo, Cottom explicó que “ningún presupuesto para otra obra se acerca a lo que es el de Chapultepec”, y que la creación de trabajadores eventuales se planteó de manera errónea como una política para cerrar las posibilidades de abrir nuevas plazas, impulsando su importancia por sobre los de base.

Con información de El Universal.